El ex fiscal Carlos Albaca fue condenado el año pasado a seis años de prisión por su actuación en la investigación por la desaparición y el posterior crimen de Paulina Alejandra Lebbos ocurrida en febrero de 2006. Este miércoles el ex funcionario judicial fue detenido en su casa de Chacabuco al 100 y tras un breve paso por una dependencia policial, finalmente fue alojado en el penal de Villa Urquiza.
Horas más tarde, su abogado defensor Macario Santamarina confirmó que solicitó una audiencia para cambiar la modalidad del cumplimiento de la pena. “El pedido fue aceptado, pero por el momento no nos fijaron la fecha” indicó el letrado.
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la provincia -representada por camaristas, ya que todos los vocales se excusaron de atender la cuestión- rechazó el último intento de revertir el fallo dictado por los jueces Wendy Kassar, María Fernanda Bähler y Raúl Cardozo. El máximo tribunal rechazó la posibilidad de que el caso sea tratado por la Corte de la Nación.
Por esta situación, el tribunal que condenó a Albaca por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado ordenó el martes a primera hora su detención. El operativo se concretó el miércoles por la mañaba. No ofreció resistencia y colaboró en todo momento con el procedimiento. Fue detenido en su domicilio y acató a lo dispuesto por la Justicia.
Albaca, en un primer momento, fue trasladado a la sede de Homicidios, ubicada en barrio Jardín. Cuando notificaron la novedad a los jueces, recibieron la orden de que fuese trasladado al penal de Villa Urquiza. El trámite duró varias horas y se concretó a la siesta. Fuentes del servicio penitenciario informaron que Albaca fue alojado en un lugar alejado de los presos comunes. “Se le dará el mismo tratamiento que se le da al personal de las fuerzas de seguridad que están cumpliendo una condena”, confirmaron.
“Es llamativa la velocidad en que se tomó la medida. En los calabozos de las comisarías hay decenas de personas condenadas por delitos más graves y siguen esperando un cupo para ir a la cárcel”, razonó Santamarina. “Acatamos las órdenes, pero no las compartimos, porque hay cuestiones que no fueron resueltas, por lo que la sentencia aún no está firme. Haremos el planteo correspondiente”, añadió en una entrevista.
“Nunca fui notificado de que debía presentarse ante las autoridades después del fallo de la Corte. Es más, solicité al tribunal qué pasos deberíamos dar, pero no recibí ningún tipo de precisión. Mi defendido siempre estuvo a disposición de las autoridades”, agregó el profesional.
Santamarina dijo que solicitará que se aplique el artículo 33 de la Ley 24.460. La norma dispone lo siguiente: “el condenado mayor de 70 años o el que padezca una enfermedad incurable en período terminal, podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, por resolución del juez de ejecución o juez competente, cuando mediare pedido de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado, previos informes médico, psicológico y social que fundadamente lo justifiquen”. El tema deberá ser determinado por un juez de Ejecución, pero el trámite llevará sus días, ya que se debe cumplir con ciertos requisitos antes de que sea resuelto.
fuente: losprimeros