Los economistas estiman que podría trepar al 50%, pero el Gobierno la quiere por debajo del 36% estimado para este año. Cristina bajó línea para dar una pelea clave en el año electoral, que arranca con “viento de cola” para la Argentina.
En su encendido discurso de La Plata el 18 de diciembre, la vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró que el gran desafío que tenía por delante la economía argentina pasaba por “alinear los salarios y las jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas”. No sólo eso. También ponderó la política económica que desarrolló en su segundo gobierno (2011-2015) junto a su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof.
Se repite la historia
Una vez más se reescribe la historia: aquellos años de estancamiento económico, agotamiento de reservas, duro cepo cambiario y fuertes controles de precios y tarifas fueron clave para la victoria electoral del kirchnerismo. Por eso hay que volver a abrevar en esos instrumentos para sacar al país del larguísimo período de decadencia que acumula.
Pasaron dos semanas de aquel discurso y es fácil distinguir que absolutamente todas las medidas que se adoptaron en las últimas semanas van hacia esa dirección, es decir insistir con las políticas más duras del manual kirchnerista. Lo que hasta hace muy poco parecía tener olor a rancio, vuelve con todo su esplendor.
Medidas duras
La suspensión de permisos para exportar maíz, la continuidad de Precios Máximos, el aumento de sólo 5% para la telefonía móvil, cable e Internet, la insólita marcha atrás del aumento de 7% a las prepagas y el congelamiento tarifario al menos hasta marzo son algunas de las decisiones que se tomaron en los últimos días.
Toda la energía oficial estará puesta en llevar adelante una política de shock para frenar desde el arranque del año la ola de remarcaciones, que es la gran amenaza al repunte de la economía en este 2021 que recién arranca.
El “leit motiv” detrás de estas medidas es “cuidar la mesa de los argentinos”, la frase que tanto se escuchó en sendos gobiernos de Cristina. Esto vale tanto para las medidas que impactan directamente en los precios de los alimentos, como en aquellas que congelan y suavizan aumentos tarifarios. El objetivo, en definitiva, sería no quitarle ingresos a la gente para preservar su nivel de compra en supermercados.
fuente: infobae