En una jugada política de abierto desafío al Gobierno, la oposición en la Cámara de Diputados, capitaneada por el líder renovador Sergio Massa, pidió para el jueves una sesión especial para tratar la reforma de Ganancias, con una propuesta de fuerte reducción del impuesto que se obliga a pagar a unos dos millones de trabajadores y jubilados. Como parte del acuerdo, en la misma sesión se impulsa el tratamiento de otro proyecto que es rechazado por el Gobierno, la emergencia social para crear un millón de puestos de trabajo y subir un 15% la AUH, que ya tiene media sanción del Senado (ver página 7).
La movida opositora obligó al Gobierno a apurar el envío al Congreso de su propio proyecto de Ganancias, que entraría hoy por Diputados. En su estrategia por diferir Ganancias hasta el año próximo (aunque sería retroactiva a enero de 2017), el Ejecutivo demoraba el envío de esta iniciativa y frente a las presiones crecientes había aceptado que fuera incluida para su tratamiento en extraordinarias. Quiere lograr media sanción el 14 de diciembre en Diputados para que el Senado la sancione recién el año próximo.Con apoyo de distintos bloques de la oposición, Massa anunció ayer al mediodía en el Salón de los Pasos Perdidos la intención de tratar Ganancias el jueves. Estuvieron los diputados Oscar Romero (Bloque Justicialista), Lucila De Ponti (del Movimiento Evita, impulsores de la emergencia social), Victoria Donda (Libres del Sur), Alicia Ciciliani (PS) y Claudia Rucci (delasotista), además de una decena de renovadores, entre ellos Facundo Moyano, autor de uno de los proyectos.
Como ningún proyecto tiene dictamen de comisión, para habilitar su tratamiento el jueves (lo mismo con emergencia social) harán falta los dos tercios de los presentes. Y Cambiemos se apresta a usar su número (tiene 87 diputados sobre 257, un poco más que el tercio) para cerrarle el paso, como sucedió en agosto pasado, cuando impidió la movida opositora de anular el tarifazo e interpelar al ministro Juan José Aranguren. Cambiemos entró ayer en alerta naranja y todos sus diputados fueron convocados desde hoy a las 11, en guardia ante estos avances. Será una semana agitada en Diputados, donde mañana se tratarán doce proyectos acordados.
Massa sostuvo que el impuesto consagra un “sistema injusto”, que la decisión “no puede esperar” a marzo como quiere el Gobierno -y los gobernadores, porque el impuesto es coparticipable- para seguir financiándose con Ganancias. Massa sostuvo que hay 2 millones de trabajadores alcanzados por el tributo y “si no hacemos nada, el año que viene van a ser tres millones los que paguen”. Para no desfinanciar al Estado, el massismo propuso varias vías de recaudación: la renta financiera, gravando plazos fijos mayores a un millón de pesos, Lebacs y operaciones bursátiles; un impuesto al juego, gravando las máquinas tragamonedas; volver a aplicar retenciones del 5% a las mineras, que el macrismo eliminó; y cobrarle impuesto a las ganancias extraordinarias con el dólar futuro, jugoso negocio financiero que favoreció a la élite económica, en que el Estado nacional perdió u$s 5 mil millones y por el que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner.
El massismo sostiene que así logra reunir $ 41.400 millones en “impuestos extra a los grupos económicos concentrados”, de lo que sería un “sacrificio fiscal efectivo” de $ 48 mil millones, más los $ 27 mil millones que ya contempla el proyecto de Presupuesto 2017. La propuesta apunta a elevar el mínimo no imponible de 25 mil a 40 mil pesos netos para un trabajador casado con dos hijos, y a multiplicar por 6 las escalas del tributo en el primer año, por 8 en el segundo y por 10 en el tercero, precisó Marco Lavagna. En tanto, los jubilados no pagarían más el impuesto, con excepción de lo que superan los $ 60.000, es decir, los jubilados de privilegio. La actualización sería automatizada, por el salario mínimo o por el Ripte (índice del salario promedio de los trabajadores estables).
Trascendió que el Gobierno llevaría el mínimo no imponible cerca de los 30 mil pesos para el trabajador casado con dos hijos y también ampliaría las escalas, aunque en menor medida.
Desde el peronismo no K, Oscar Romero sostuvo que el mínimo no imponible “debe ser de $ 60 mil pesos en adelante, con un fondo compensador para que las provincias no se vean perjudicadas”. Para lograr quórum, necesitarán negociar con el kirchnerismo, que probablemente se sume, aunque con condiciones.
El jefe de bloque del FpV, Héctor Recalde, mostró cautela sobre gravar la renta financiera: “Como título para los diarios ¡es espectacular! Pero hay que tener cuidado porque hay gente de mejores ingresos que canaliza las inversiones a través de los plazos fijos”.
Fuente: Clarín