Reglamentará por decreto la ley aprobada en diciembre; busca que tributen los nuevos magistrados, fiscales y defensores, incluidos aquellos que provengan del Poder Judicial.
La Ley rige desde diciembre del año pasado, pero los miembros del Poder Judicial aún no pagan el impuesto a las ganancias. Decidido a redoblar la presión sobre los jueces, el Gobierno elabora un decreto reglamentario que dispondrá que todos los nuevos jueces, fiscales o defensores -vengan o no de la Justicia- deberán pagar Ganancias.
Sin embargo, representantes de los jueces quieren acotar el impacto de la medida y dialogan con el Gobierno en el Consejo de la Magistratura para limitar el tributo de manera que no alcance a todo el salario, sino algunos rubros, dejando fuera la antigüedad o la compensación que cobran por no poder hacer otro trabajo más que juzgar.
No son cifras menores. Por ejemplo, el caso de la antigüedad equivale a un 1% del salario por año trabajado, y en el caso de la compensación alcanza al 25 % del salario.
El ministro de Justicia, Germán Garavano , encargado de redactar el decreto reglamentario, considera que según la ley aprobada por el Congreso a fin del año pasado -la 27.346- sólo quedan exentos del gravamen aquellos miembros del Poder Judicial actualmente en funciones. Sostiene, en cambio, que están obligados a pagar el impuesto no sólo quienes ingresen en el Poder Judicial a partir de 2017, sino también aquellos empleados, funcionarios y magistrados que sean ascendidos o promovidos a jueces, fiscales o defensores oficiales mediante concursos, como también aquéllos que lleguen de la justicia provincial o de la Capital a la Nación y viceversa.
Desde esta perspectiva, por ejemplo, un secretario de juzgado ascendido a juez o un magistrado ascendido a camarista deberían tributar, según el deseo del Gobierno.
¿Qué dice la ley en cuestión? En su remozado artículo79 se establece que deberán pagar el impuesto a las ganancias “los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive”.
La otra interpretación
La Corte Suprema hizo una interpretación distinta a la del ministro Garavano respecto de este nuevo artículo. En un comunicado que emitió el pasado 21 de diciembre, el máximo tribunal sostuvo que con esta redacción “queda claro que todos los empleados, funcionarios, fiscales, defensores y magistrados que están en funciones no pagarán el impuesto. En cambio, quienes ingresen a partir de 2017 estarán obligados a pagarlo”. Es decir que, a su juicio, sólo deberían pagar el impuesto aquellos funcionarios que ingresen en el Poder Judicial a partir de este año.
Con este criterio, el universo de tributantes es mucho más acotado que el que pretende el gobierno nacional. De hecho, hoy sólo tributan Ganancias una docena de funcionarios, entre ellos un solo nuevo juez y el propio flamante administrador del Consejo de la Magistratura, Agustín Cinto.
No se trata de una recaudación menor para el Estado. Según se detalla en el mensaje del proyecto de ley de presupuesto 2017, la exención del impuesto a las ganancias en el Poder Judicial priva al Estado de cobrar 5606 millones de pesos este año. Si se excluyera el rubro antigüedad -cuestión que los jueces quieren que sea determinada por la Corte-, cada magistrado que cobra 100.000 pesos pagaría de Ganancias unos 7000 u 8000 pesos. En caso de cobrar un sueldo de 150.000, esta cifra ascendería a unos 20.000 pesos. Multiplicado este total por 800 jueces nacionales, resulta un número apetecible para la recaudación.
Para dirimir esta cuestión, el ministro Garavano se reunió hace dos semanas con Cinto, el nuevo administrador general del Poder Judicial; el diputado Pablo Tonelli (Pro), integrante del Consejo de la Magistratura, y el jefe de la AFIP, Alberto Abad. En ese encuentro, el ministro adelantó que la cartera a su cargo redactará un decreto reglamentario que establecerá las pautas para el pago del impuesto a las ganancias en el Poder Judicial. Pero todavía no trascendió el texto del decreto y en el Poder Judicial reina la incertidumbre.
“El Consejo de la Magistratura elevó una consulta a la Corte Suprema antes de efectuar los descuentos correspondientes. Es un tema que debe determinar el máximo tribunal”, indicaron fuentes del organismo. La Corte informó que está ajena a las conversaciones.
“Nuestro criterio es que todos paguen el impuesto, quienes ingresen en el Poder Judicial y aquellos que, estando en funciones, reciban un nombramiento a partir de este año”, enfatizó Tonelli. “Habrá que ver si la Corte desafía un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo”, advirtió el legislador oficialista.
Los jueces saben que a la larga deberán tributar. “En Estados Unidos tardaron 50 años en solucionar el problema. Son conflictos viejos que no pueden zanjarse de manera rápida”, dijeron representantes de los jueces que creen que hay que buscar una solución más equitativa. Entienden que no es justo que se modifiquen las condiciones, dado que de ese modo algunos pagarían el tributo y otros no.
Otro juez con representatividad lo expuso más claramente: “Hay que empezar por poner en funcionamiento un sistema y que la gente vaya pagando progresivamente, para que aunque sea en 70 años se llegue a que pague todo el mundo”. No son los tiempos del Gobierno.
Fuente: La Nación