La idea de Alberto Fernández es llevar la conformación del máximo tribunal hasta los siete miembros. La iniciativa del PJ que choca con la pretensión de Cristina Kirchner. La candidata preferida y el factor Milagro Sala. El kirchnerismo fantasear con la posibilidad de erigir a una mujer joven y con ideas revolucionarias para lo más alto de la estructura judicial.
Quienes la conocen saben que está feliz, en plena etapa de crecimiento profesional y confeccionando sus primeras armas como funcionaria pública. Pero también están al tanto de que su objetivo -y la promesa que espera se concrete pronto- es otro. Uno mucho más ambicioso: la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Elizabeth Gómez Alcorta actualmente tiene a su cargo el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Pero la precuela de su trayectoria más notoria nació a la luz del movimiento feminista que integra, su defensa de Milagro Sala y su cercanía con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Es coautora del libro La Libertad no es un Milagro -una defensa explícita a la dirigente jujeña detenida por corrupción-, obra en la que la abogada Gómez Alcorta enumeró sus alegatos a favor de la líder de la Organización Barrial Túpac Amaru. De inmediato, el CELS comenzó a fantasear con la posibilidad de erigir a una mujer joven y con ideas revolucionarias para lo más alto de la estructura judicial, cuestionada severamente por la ONG a través de sus voceros. Esa fantasía se volvió mucho más tangible cuando Alberto Fernández ganó las elecciones presidenciales y la cobijó en el Gabinete. El proyecto estaba en marcha.
Por estos días, cuatro fuentes -que nada tienen que ver entre sí- coinciden en una afirmación: la Corte Suprema está “virtualmente paralizada”. “Entre la falta de liderazgo, los viajes de algunos, las confidencias con el poder político y los temores por los cambios anunciados, todos están paralizados. Parecen en cuarentena”, se lamenta con agria ironía uno de ellos.
El plan del gobierno asoma. Es el que pretende llevar de cinco a siete los miembros del más alto cuerpo judicial del país. No sin antes imponer a Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. Su pliego aún no fue aprobado. Será moneda de negociación con el radicalismo. Todo. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, está bajo presión extrema. El motivo es político-judicial: otra vez Sala aparece en escena. La amenaza de intervenir la justicia de su provincia es seria. El aliado de Cambiemos se muestra calmo sólo públicamente.
El pacto al que buscan arribar radicales y PJ no es de una ingeniería muy compleja: agrandar la corte a dos nuevos ministros y repartirse las preferencias. Una fórmula repetida para que un poder se someta a otro. Uno de ellos sería elegido por la Casa Rosada y el otro por la Unión Cívica Radical. El macrismo será -como el resto de la sociedad- un testigo más de la transacción. Nadie lo invitará a sentarse a la mesa pese a sus aspiraciones. Los reproches no tardarán en llegar.
fuente: infobae