Mañana comienza el tratamiento en comisiones del Senado de la reforma del Impuesto a las Ganancias impulsada por la oposición que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, por lo que el Gobierno trabaja contrarreloj con dos rumbos: tratar de persuadir a los gobernadores para que sus senadores no acompañen el proyecto y decidir si Mauricio Macri veta la ley en caso de ser aprobada.
Para lo primero, ya es oficial la convocatoria a los ministros de Economía de todas las provincias mañana a las 17 en el Ministerio del Interior. El objetivo es hacerles saber cuál sería el impacto fiscal para cada distrito en caso de aprobarse la reforma. El cálculo lo hicieron en una reunión que terminó pasadas las 20 Rogelio Frigerio, ministro del Interior, Marcos Peña, jefe de Gabinete, Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián García de Luca, viceministro del interior, Luciano Laspina, diputado del PRO y Nicolás Massot, jefe de la bancada en Diputados.
Según las cuentas del Gobierno, el proyecto de la oposición significaría un costo fiscal de 140 mil millones de pesos, contra los 49.500 millones del oficial, es decir, una diferencia de 90.500 millones.
Pero también hicieron un detalle por provincia y, por ejemplo, en Buenos Aires el costo sería de 9.860 millones, en Santa Fe de 6.682 millones, en Córdoba 6.480 millones y en la ciudad de Buenos Aires de 2.967 millones.
La segunda decisión, ya más personal de Mauricio Macri, es el veto. Si bien la primera información fue que el Presidente vetaría la reforma, luego de una reunión de esta tarde con su mesa chica podría dar marcha atrás.Sucede que el ala política, encabezada por Frigerio, no quiere vetar y así trasladarles la responsabilidad a los gobernadores si luego no tienen fondos para obras. Por el otro lado, el propio Macri y Peña son quienes apoyan el veto.
De la reunión participaron, entre otros, Marcos Peña, Rogelio Frigerio, Federico Pinedo, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.
Por otro lado, hubo una decisión del Frente Renovador que causó malestar en la Casa Rosada. Según contaron a Infobae, el bloque de Sergio Massa pidió modificar el dictamen que se envió al Senado para alterar la fórmula de deducciones que tenía las mismas discontinuidades que la de 1999, por otra fórmula similar que las evita. Esto haría mucho más alto el costo fiscal que en la versión original. Antes se llegaba a la deducción del proyecto del Poder Ejecutivo a los $50 mil netos y ahora recién a los $95 mil netos (casado con dos hijos).