Meses antes de la estatización de YPF, Julio De Vido viajó a Plaza Huincul, polo petrolero en el corazón de Neuquén, para inaugurar la planta de Refinería Neuquina SA (Renasa). El ex ministro recorrió las instalaciones y sonrió para el célebre corte de cinta. Por videoconferencia, la ex presidenta Cristina Kirchner festejó la “estratégica” nueva línea de producción de combustibles.
El gobierno había ayudado a la empresa con un subsidio de US$ 130 millones. Tamaña inversión, tiempo después, quedó en la nada: la empresa se declaró insolvente y ahora el gobierno de Mauricio Macri prepara una denuncia por posible fraude.
La Oficina Anticorrupción (OA) elaboró una denuncia penal por presuntas irregularidades en el programa conocido como Refino Plus, que se desarrolló desde fines de 2008. Lo hizo en base a un duro informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que alertó por posibles anomalías en la entrega de incentivos millonarios de manera “discrecional” a la firma Más Energía, controlante de Renasa y de Petrolera Argentina SA.
Así, en días en los que la oposición reclama interpelar al actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, y hay duros cuestionamientos por las tarifas, el Gobierno apuntará contra De Vido, el ex secretario de Energía Daniel Cameron, el ex subsecretario del área Roberto Barata y otros cuatro ex funcionarios kirchneristas, y pedirá que sean investigados.
El gobierno kirchnerista le entregaba a las empresas créditos fiscales aplicables al pago de derechos de exportación de hidrocarburos. Es decir, pagarés que permitían a las refinerías deducir impuestos ante la Aduana. Los papeles eran, a su vez, “transferibles” en el mercado, o sea, factibles de ser convertidos en dinero.
Al programa adhirieron casi todas las grandes petroleras y otras refinerías más pequeñas. En el caso del grupo Más Energía, la OA indicó que Renasa y Petrolera Argentina SA (PASA) recibieron incentivos por un total de US$ 130 millones que “no debieron otorgarse o se otorgaron de manera irregular, en términos que implicaría la comisión de graves hipótesis delictivas”.
Los casos
En el caso de Renasa, la firma solicitó su adhesión al programa Refino Plus en diciembre de 2008, a quince días del lanzamiento del plan. A cambio de los incentivos, la empresa se comprometía a la construcción de una planta de producción de naftas de alto octanaje y prometía, a partir de ello, la producción de 430.000 metros cúbicos de combustible por año. Es decir, una participación del 7,5% de la producción nacional.
En un principio, la Secretaría de Energía convino en otorgarle incentivos por US$ 53 millones, pero Renasa pidió un aumento por considerar que lograría niveles de producción significativos. Tras algunos trámites se reconvino la entrega de créditos por $ 124 millones, un 230% más de lo pautado inicialmente.
Según consta en el informe de la Sigen al que accedió LA NACION, un punto llamativo es que a Renasa “se le habría otorgado la totalidad del incentivo de manera adelantada, en clara violación a lo dispuesto por la normativa vigente”. El decreto que creaba el programa estipulaba que “el 50% del incentivo total se entregaría trimestralmente en función al avance de los proyectos y el 50% restante durante el primer año de producción”.
Según señaló la OA, la empresa tampoco habría producido, ni de manera cercana, los niveles comprometidos. Es que, según datos públicos de la ex Secretaría de Energía, durante el período que la refinería estuvo en funcionamiento (de agosto de 2012 a junio de 2014) la producción total fue de 97.000 metros cúbicos. Es decir, sólo un 12% de la producción acordada.
En el caso de Petrolera Argentina SA, la otra firma del grupo Más Energía, la Secretaría de Energía pautó en entregarle créditos fiscales por US$ 5,7 millones. También se habrían otorgado en su totalidad y no en partes, como indicaba la ley.
Consultado por LA NACION, el presidente de Más Energía, Miguel Schvartzbaum, cuestionó “el súbito cambio de las reglas del juego” en el mercado de hidrocarburos a partir del año 2013. “Teníamos la capacidad instalada, pero el ex gobierno permitió la importación de combustibles libres de impuestos, lo que hizo que nuestra producción no encontrara mercado. Desde 2014 se importaron más de 600.000 metros cúbicos de nafta exenta de gravámenes, eso hizo que las grandes petroleras importaran, en lugar de comprar a la industria nacional”, indicó el empresario.
A sólo ocho años de haber recibido US$ 130 millones del Estado, Renasa se declaró insolvente, despidió empleados y hoy está en concurso de acreedores.
Desde el entorno de De Vido, consultados por este medio, señalaron: “El problema de Renasa fue que YPF les rompió un contrato y eso complicó sus números”. Además buscaron eximir de responsabilidades al ex ministro y apuntaron a Cameron: “Los certificados de crédito fiscal eran responsabilidad del secretario de Energía, el ministro no firmaba”.
Los voceros de De Vido aseguraron que el programa de incentivos “fue exitoso porque aumentó la refinación de crudo local”. Durante el último año de gestión de Cristina Kirchner, el sector energético devoró sumas significativas de fondos públicos y en el caso de los planes Petróleo Plus (dado de baja en julio último) y Refino Plus debieron sumarse al presupuesto $ 7325 millones para cumplir los compromisos.
Fuente: La Nación