Un funcionario técnico les expuso a gobernadores un análisis sobre infraestructura y dejó saber que estudian reiniciar algunos proyectos. En el interior lo recibieron como una señal positiva para las negociaciones, aunque desconfían de la cantidad y los montos.
El Gobierno sumó un factor inesperado a la discusión sobre la Ley Ómnibus. En el encuentro que mantuvieron los mandatarios del Norte con el titular de Interior, Guillermo Francos, los funcionarios nacionales expusieron un análisis en profundidad sobre el estado de la obra pública en todo el país, y les transmitieron que la Nación está preparada para hacer un “esfuerzo fiscal” para retomar aquellas que ya están iniciadas y cuentan con financiamiento internacional. Fue una muestra de predisposición de Javier Milei en el afán se sumar consensos para el segundo debate de su frustrado proyecto fundacional en el Congreso, que fue bien recibida el interior. Sin embargo, los caciques esperan detalles con desconfianza y dudas sobre la cantidad y los montos que está dispuesto a erogar Hacienda en la crisis.
En la Casa Rosada se ocuparon especialmente de señalar que no pusieron ese delicado tema sobre la mesa de negociación como moneda de cambio, sino por necesidad. Según argumentaron, si no se terminan esas obras que se empezaron a ejecutar con fondos de organismos multinacionales, se verían obligados a devolverlos, quizá con intereses, e inclusive recibir sanciones o generar dificultades para solicitar ese tipo recursos en el futuro por una eventual baja en las calificaciones.
La exposición en el cónclave de mandatarios norteños en Salta estuvo a cargo del titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Bernardo Heredia, que asistió avalado por Luis Caputo, con con instrucciones específicas de describir la situación de la obra pública en todo el país. “Había llevado una presentación detallada, pero no hubo demasiado tiempo para darla y duró pocos minutos”, contaron testigos.
En el Gabinete nadie quiere contradecir el relato de ajuste que baja desde la cúpula del Ejecutivo y del Palacio de Hacienda, pero por lo bajo admiten que las concesiones son inevitables. Una de las más recientes, también con el visto bueno del ministro ejecutor del ajuste, fue subir el porcentaje de aumento para las jubilaciones del 10 por ciento inicial al 12. Y una marcha atrás del freno a la obra pública, que se había planteado como indiscutible, es la próxima concesión que los libertarios se ven obligados a hacer -aunque reacios a admitirlo- en pos de una negociación fructífera.
La intransigencia no les funcionó en la anterior etapa de las discusiones, que terminó en un fracaso estrepitoso para el proyecto “Bases” en Diputados, y están proclives a una mayor flexibilidad. Sin embargo, cerca del Presidente no quieren que parezca que tuercen el brazo. De hecho, buscaron bajarle el tono al solapado “anuncio” que les hicieron a los mandatarios sobre uno de los temas que más los aqueja desde el inicio de la administración de La Libertad Avanza. “Hay que ver cómo afecta a las cuentas públicas, no hay nada definido. Nuestra meta fiscal es inamovible, pero hay medidas que pueden resultar antieconómicas y perjudiciales. No es moneda de cambio, es sentido común”, se atajó un funcionario del círculo del jefe de Estado, en defensa de la narrativa de déficit cero.
Sin embargo, la decisión está prácticamente tomada. “Más que una hendija, se abrió un portón”, dijeron en Balcarce 50. En Economía, aunque se ahorraron cualquier especificación, también confirmaron la medida.
Entre los mandatarios recibieron el mensaje como un guiño político, pero ante la somera explicación quedaron a la expectativa. Según revelaron algunos participantes, se les prometió un detalle de las obras y los montos bajo evaluación “para los próximos días, después de Semana Santa”, pero en Gobierno no dieron una fecha ante la consulta de este medio. Cerca de Caputo sólo deslizaron que los criterios se establecerán en función de las urgencias, y enumeraron algunos ámbitos que considerarían prioritarios. Entre ellos, la seguridad vial, las cárceles, la seguridad de las personas, y el control de inundaciones, además del requisito central sobre el origen del capital.
La exposición de Heredia se habilitó a partir de los repetidos pedidos de los gobernadores para que la Nación confirmara, de manera oficial, que se suspenderá el mentado financiamiento para la totalidad de las obras, que por ahora sólo se planteó informalmente, para poder avanzar con los mecanismos jurídicos a nivel local que permitan o bien reiniciarlas con fondos propios o, si esto último les resultara inviable, clausurarlas. La respuesta los sorprendió.
En otra muestra de voluntad de destrabar las dudas, desde el Ejecutivo transmitieron que buscarán una participación activa de las localidades en la evaluación de las prioridades, y que esperarán la devolución de los distritos para definirlas oficialmente. El grado de avance será una de las condiciones a evaluar, adelantaron.
Los representantes de la administración nacional empezaron las conversaciones sobre el tema en el Norte, pero con vistas a que se aborden en el resto del país. El próximo cónclave entre delegados de Milei y las provincias está previsto para el jueves que viene, con los mandatarios de Juntos por el Cambio. Y los distritos que no participaron del encuentro del miércoles estaban muy interesados en conocer con mayor profundidad la nueva postura del Gobierno sobre un tema que hasta hace días parecía saldado, pero que Milei y Caputo se mostraron dispuestos a rediscutir para evitar una nueva derrota en la deliberación legislativa que -probablemente- empezará en la segunda quincena de abril.
fuente: infobae