Concretamente, el ajuste para el PAMI en rangos jerárquicos representa un 24% de ese nivel, al reducirse la cantidad de gerencias, subsecretaría, secretarías y dentro de la dirección ejecutiva.
El Gobierno aplicó una vez más su “plan motosierra” y concretó una fuerte reducción de los cargos jerárquicos en el PAMI, principalmente al despedir empleados vinculados a la agrupación kirchnerista La Cámpora.
La Dirección Ejecutiva de PAMI, organismo que hoy comanda Esteban Leguizamo, avanzó en la reducción en la cantidad de cargos políticos, una iniciativa que va en línea con lo que viene llevando adelante el Estado Nacional en sus diferentes dependencias.
PAMI: el Gobierno concretó más recortes
La gestión de Leguizamo realizó un relevamiento con el objetivo específico de recortar cargos políticos. “Entre la reducción, y mediante un proceso de relevamiento del personal que continúa activo, se encontraron empleados y rangos jerárquicos vinculados a La Cámpora que no renunciaron con el cambio de gestión y, por lo tanto, fueron despedidos”, señalaron las fuentes.
Leguizamo asumió la dirección del PAMI bajo la gestión de Javier Milei. Previamente se desempeñaba como director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local VI del organismo durante la administración de la saliente Luana Volnovich, hasta que Graciela Ocaña lo apuntó por un desmanejo de fondos-
En junio de 2021, la diputada de Juntos por el Cambio y su entonces compañero de bancada Luis Petri pidieron a la Justicia que se investigue “el reparto discrecional de fondos” a supuestos “centros de jubilados de La Cámpora”.
“En algunos casos los centros no existían y funcionaban unidades básicas en su lugar”, afirmó la legisladora a través de sus redes sociales en ese entonces.
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Volnovich quedó afuera de la denuncia. Leguizamo fue investigado como supuesto titular de uno de los centros de jubilados y por ello renunció al cargo que tenía.
Al poco tiempo, el caso no prosperó. Fue dictada la “falta de mérito” a favor de Leguizamo pero todo el proceso dejó huella. La investigación estuvo a cargo del fiscal Guillermo Marijuan y la causa en manos del juez Julián Ercolini, que pidieron las medidas de prueba tanto contra Leguizamo como contra otros tres exfuncionarios.