En su afán de acortar en gasto público, la gestión oficial pone en riesgo las investigaciones sobre el atentado a la mutual israelí.
El Gobierno contempla bajar de rango la próxima semana a la Unidad AMIA que depende del Ministerio de Justicia, y con ello provocar el alejamiento de su titular, el radical Mario Cimadevilla, según fuentes de tribunales y de la Casa Rosada.
El conflicto se suscitó cuando los abogados de la Unidad AMIA -que actualmente tiene rango de secretaría de Estado- estaban por presentar su alegato en el juicio oral donde también son juzgados los exfiscales Eamón Mullen y José Barbaccia, los primeros que estuvieron a cargo de la investigación del atentado.
El asunto hizo estallar la guerra entre Cimadevilla y Garavano, por un lado, y entre Elisa Carrió y el ministro de Justicia, por otro. Esto es así porque Carrió, que había impulsado la designación de una abogada de su confianza en la Unidad AMIA, denunció que se estaba buscando el encubrimiento del atentado.
Garavano buscó ponerle paños fríos a la pelea, hasta que apareció en el horizonte del Gobierno una solución: aprovechar el plan de achicamiento del Estado que se elabora desde hace meses en Jefatura de Gabinete de ministros para quitarle rango de secretaría de Estado a la Unidad AMIA.
Con la reducción de un 25 por ciento de los cargos políticos de todos los ministerios, se reducirían las secretarías y subsecretarías del Ministerio de Justicia. El decreto general de achicamiento del Estado se publicará la semana próxima, dijeron a LA NACION altas fuentes oficiales.
El plan es que la Unidad AMIA pase a depender del Programa de Verdad y Justicia del que dependen los delitos de lesa humanidad. Esto es así porque el atentado a la AMIA está incluido en esa categoría. Es el mismo rango que tenía durante el kirchnerismo.