Horacio Pietragalla expondrá este lunes un informe en el que asegura que jueces y fiscales llevan “procesos penales fraudulentos” para lograr ” la proscripción de figuras centrales” del oficialismo como Cristina Kirchner.
El Gobierno de Alberto Fernández presentará este lunes en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe sobre Derechos Humanos donde apuntará contra la Justicia, la oposición política y los medios de comunicación.
El evento tiene lugar en Ginebra donde hoy habrá una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos en la que Argentina presentará su Examen Periódico Universal (EPU), que justamente releva la situación de los derechos humanos en el país.
En este marco, la Secretaría de Derechos Humanos en conjunto con la Cancillería redactaron un informe de 30 fojas, que difundió Infobae días atrás y que será expuesto hoy por Horacio Pietragalla.
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Titulado Cuestiones emergentes: principales desafíos, en las fojas 18 y 19 del informe oficial, Pietragalla presenta una descripción de la democracia con un sesgo netamente kirchnerista. Habla de “discursos del odio” que ocurren en Argentina y que “culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”.
“Estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales. Se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional”, describe el funcionario.
Alberto Fernández y su secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, durante un encuentro en la Casa Rosada.En este marco, Pietragalla incluyó el concepto al que tanto hace referencia CFK, Lawfare, para apuntar contra el Poder Judicial, el sistema de partidos y las empresas.
“Desde el actual Gobierno Nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare – impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático – constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”, continúa el secretario señalando en el informe.
Y agrega: “En estas causas judiciales, como las que enfrenta la ex Presidenta de la Nación, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal. Estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población”.
fuente: infobae