El Ministerio de Defensa pidió revisar la decisión del tribunal que consideró extemporánea la apelación, pero no tuvo éxito. La disputa es por 180 hectáreas del Ejército de Bariloche. Una mano negra hay detrás de la tierra argentinas a supuestos Mapuches.
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca rechazó un nuevo recurso planteado por el Ministerio de Defensa para revisar el fallo de ese tribunal que consideró extemporánea la apelación a la sentencia de la jueza Silvina Domínguez, que dispone la entrega de 180 hectáreas a la comunidad mapuche Milllonco Ranquehue.
El nuevo revés fue rubricado a fines de la semana pasada, mientras los jueces que integran esa Cámara analizan la presentación de un recurso extraordinario presentado por la institución castrense para apelar el fallo de Domínguez ante la Corte Suprema de Justicia.
A través del abogado Enrique Julio Palmieri, el Ministerio de Defensa presentó un escrito para defender el desempeño estatal en la apelación de la sentencia de Domínguez, que había sido rechazada por estar extintos los plazos procesales.
En febrero, Domínguez dispuso la entrega del título de propiedad comunitaria de 180 hectáreas a la lof Millalonco Ranquehue. La apelación a esa sentencia es la que rechazó la Cámara Federal de Apelaciones, con sede en General Roca, por considerar que se realizó cuando los plazos procesales habían expirado.
Ahora el letrado, que efectivizo el planteo el pasado 9 de mayo, solicitó que se revea la decisión de la Cámara y brindó argumentación técnica para intentar demostrar que el recurso fue elevado dentro de los plazos legales.
Un fallo judicial ordenó cederle 180 hectáreas a los mapuches.“Como el fallo se notificó el 2 de febrero de 2022 a las 12.11 horas y aquella se interpuso el domingo 6 de febrero de 2022, a las 20.22 horas, lo fue dentro del plazo de 48 horas que tenía para recurrir (art.15, ley 16.986)”, expuso Palmieri.
En su argumento sostuvo, entre otros aspectos, que el plazo procesal para poder apelar la sentencia expiraba fuera del horario judicial, por lo que el vencimiento tendría que haberse trasladado al primer día hábil siguiente, es decir el lunes 7 a las 9.30 de la mañana.
Propuso también, para sostener el argumento de que la apelación fue presentada en término, “la falta de firmeza del pronunciamiento de primera instancia por no haber sido notificado el Ministerio Público Fiscal (…)”.
Sin embargo, el intento oficial para que hagan lugar al recurso planteado fue rechazado. El juez Richar Gallego, integrante de la Cámara, argumentó que el medio de impugnación planteado “no se encuentra previsto en la normativa procesal aplicable”.
“Si tenemos en cuenta que el Ejército Argentino fue notificado por cédula electrónica de la resolución que ahora se pretende revocar en fecha 29 de abril del corriente, el plazo de tres días –que debe computarse a partir del siguiente día hábil de producida aquella- venció el día 05 de mayo en sus dos primeras horas. Por lo que el recurso venido en trato, interpuesto el día 09 de mayo resulta más que extemporáneo”, señala el fallo.
La Cámara, que integra también el juez Mariano Roberto Lozano, mencionó que “resulta también incorrecto que por no haberse notificado al Ministerio Público Fiscal la sentencia de primera instancia, ello implique que esta no se encuentra firme” y argumenta que la Fiscalía fue notificada el 2 de febrero de 2022, a las 12.11 horas, por lo que el planteo de Palmieri es erróneo.
Uno de los accesos a la comunidad mapuche Millalonco.El desempeño estatal fue blanco de críticas de todo el arco político opositor, desde donde se plantearon dudas sobre la supuesta intencionalidad en “dejar vencer los plazos” para permitir la entrega de las tierras a la comunidad mapuche.
Si bien se creía que la negligencia por la presentación tardía había sido de la abogada Silvia Cristina Vázquez, quien depende del Procurador del Tesoro Carlos Zannini, las miradas de los investigadores apuntan ahora a Gastón Havela, quien se desempeña como director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa.
Como parte de esas acusaciones, el organismo fue objeto de un allanamiento ordenado por el juez federal Daniel Rafecas con el fin de buscar evidencias sobre una eventual acción para demorar la apelación al fallo de la jueza Domínguez.
En esa diligencia, efectivos de Prefectura Naval requisaron computadoras y documentación en el edificio Libertador en búsqueda de una supuesta orden expresa para demorar la apelación al fallo, medida que se originó por la presentación de un grupo de legisladores opositores que ven una intención gubernamental en no obstaculizar la entrega de tierras de la fuerza militar a la comunidad mapuche.
La denuncia fue presentada por los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Alberto Asseff, Gerardo Milman, Hernán Lombardi, Francisco Sánchez, Ingrid Jetter, Laura Rodríguez Machado y Aníbal Tortoriello contra la abogada Vázquez.
Mientras tanto, la misma Cámara Federal deberá decidir si hace lugar a la presentación de un recurso extraordinario que presentó el Ejército Argentino para que sea la Corte Suprema de Justicia.
fuente: infobae