Durante 180 días los contratos se negociarán bajo los parámetros de la ley anterior, según un borrador de las nuevas medidas al que accedieron algunas empresas del mercado inmobiliario. Habrá beneficios fiscales para los propietarios.
Esta semana, el Gobierno comenzó a trabajar en distintas alternativas para suspender la Ley de Alquileres vigente y, según fuentes oficiales, la decisión de reemplazar la normativa actual fue acordada entre el presiente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.
Según un borrador interno que circula en el Gobierno y que llegó a manos de fuentes del sector inmobiliario, el Ministerio de Economía prevé suspender la actual Ley de Alquileres y poner en vigencia el esquema que regía antes por 180 días. A la par, se le pedirá al Congreso que elabore una nueva ley (ya hay un dictámen de mayoría de legisladores oficialistas del año pasado pero que no modifica los puntos más polémicos de la ley actual).
Además, el equipo de especialistas que trabaja en la cuestión estudia beneficios fiscales para los propietarios con el objetivo de aumentar la oferta de unidades. Se suspenderá el pago del Impuesto a los Bienes Personales sobre los inmuebles que se pongan en alquiler y también el pago del impuesto a las Ganancias sobre los nuevos contratos. Actualmente, por la ley vigente, los contratos de alquileres deben declararse ante la AFIP.
En el momento de su discusión, la Ley de Alquileres que está vigente en la actualidad tuvo amplio consenso legislativo: fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, y terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. Introdujo al mercado dos cambios clave: extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.
Lejos de solucionar problemas, el nuevo esquema provocó subas por encima de la inflación para los nuevos contratos y una menor cantidad de propiedades disponibles para alquilar. Al poco tiempo, diversos sectores comenzaran a plantear cambios y el tema fue uno de los lemas de de campaña de la oposición en las elecciones legislativas.
Finalmente, en noviembre de 2021, Massa -que entonces presidía la Cámara de Diputados- anunció que impulsaría una modificación de la ley y la creación de una comisión para analizar el tema, lo que fue confirmado unos meses después por el presidente Fernández, en marzo de 2022, durante la apertura de las sesiones en el Congreso. Se habló de suspender la ley por 90 días, pero nada de eso avanzó.
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, ya se presentaron unos 30 proyectos legislativos en el Congreso para modificarla o derogarla. En mayo 2022 se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría en representación del Frente de Todos y dos de minoría, de Juntos por el Cambio y de la diputada Graciela Camaño. La propuesta que el año pasado tuvo el dictamen de mayoría no altera el plazo mínimo de tres años ni el ajuste anual, los puntos más polémicos.
Para la oposición, esos puntos -el plazo y la actualización- eran precisamente los temas centrales a modificar con opciones como volver al plazo de dos años de contrato y ajustes semestrales acordados por las partes según diferentes índices.
La visión de la oposición y del mercado
La noticia de la suspensión de la Ley de Alquileres generó desconcierto en los legisladores de la oposición, el mercado inmobiliario e incluso entre los legisladores del oficialismo. “Es una barbaridad pensar que el Ejecutivo puede derogar una ley. No puede y no tiene ningún sentido. Podría hacerlo en una situación de emergencia, como una pandemia, pero no está dada esa situación”, explicó el diputado Martín Tetaz del interbloque de Juntos por el Cambio.
“Ahora el Congreso está funcionando y al mismo tiempo hay un dictamen del oficialismo. Los diputados de ellos (por el Frente de Todos) están convencidos que la ley es buena y que el único problema es que no se cumple y hay que poner más penas, más sanciones. El dictamen del oficialismo no va en sentido de derogar sino todo lo contrario”, agregó.
Fuente: infobae