Por Fabián Seidán para Diario CUARTO PODER
Dos juicios pueden marcar un antes y un después en la justicia tucumana.
En Tucumán se llevan adelante dos juicios muy emblemáticos y que, por la gente implicada sentada en el banquillo de los acusados, sus desenlaces tienen en vilo a la opinión pública. Se trata de los juicios por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, donde son juzgados miembros de la fuerza policial y del ministerio de Seguridad; y el otro por corrupción y malversación de fondos en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, donde el principal acusado es Miguel Ángel Brito.
Todos eran altos funcionarios durante el gobierno de José Jorge Alperovich, el todo poderoso mandatario que durante tres períodos consecutivos (12 años) manejó a su antojo los tres poderes del Estado y, por ende, el destino de todos los tucumanos. Alperovich, con la venia de legisladores afines, logró importantes cambios en la carta magna provincial, obteniendo un “bien” muy preciado por todo gobernante absolutista: potestad para seleccionar sus magistrados. Así, por años, eligió a dedo a muchos jueces y fiscales, prescindiendo de orden de mérito en la selección, con lo cual en poco tiempo logró imponer una Justicia llena de amigos y hecha a su medida. En conclusión, varios de los que hoy deben impartir justicia, se la deben al senador.
Por eso, no extraña que surjan suspicacias a la hora de “leer” los juicios, al punto tal de que nadie se anima a apostar ni afirmar cuál será el veredicto final, a pesar de las pruebas y las declaraciones de los testigos que los comprometen día a día a los acusados.
En el juicio que se le sigue a Miguel Ángel Brito, durante la última jornada de declaraciones de testigos, recibió “buenas noticias” de parte del tribunal que lo juzga: sucede que la Sala VI de la Cámara Penal desestimó -con un voto en disidencia- el planteo del fiscal de Cámara, Carlos Saltor, para incorporar a la acusación original, otros 31 casos de obras públicas que fueron pagadas por el Estado en la gestión de Brito (2007-2012), y que no habrían sido ejecutadas.
Las juezas Alicia Freidenberg (presidenta) y María Elisa Molina, advirtieron que el Ministerio Público Fiscal no había especificado en su pedido “cuál es la conducta atribuida” al ex funcionario en cada uno de esos expedientes y plantearon que se trataban de nuevos hechos a investigar, por lo tanto, no podía ser efectuada en este proceso.
Sin embargo, la jueza Stella Maris Arce disintió con su voto al señalar que el fiscal acreditó que se trataban de hechos continuados y que las 31 obras públicas presuntamente irregulares datan del mismo tiempo que las consignadas en la acusación original. Por eso, consideró que no se violentaba el proceso, en la medida en que se dé la oportunidad de defenderse al acusado y aportar pruebas, en consecuencia.
Según la investigación, formulada por el fiscal Arnoldo Suasnábar y confirmada en 2014 por la jueza Mirta Lenis de Vera, Brito abusó de las características de los contratos directos habilitados por la ley 7.960 y perpetró anomalías en 39 obras públicas tramitadas durante su gestión. Pero a dos jueces eso no le importa hoy; es más importante que se cumpla el “debido proceso”. Y a Brito, eso le encanta.
No es el único hecho que hace poner la lupa sobre la Justicia Tucumán. A fines de abril, hubo tensión en esa misma audiencia debido a la interpretación de una ley que dejó mal parada a una jueza del tribunal. Fue durante el interrogatorio a la testigo María Elena Lampa, perito contable del Poder Judicial. La jueza Molina le pidió a Lampa (perito contable del Poder Judicial), “más precisiones” respecto de su informe sobre el caso ya que, a su criterio, no había especificaciones en el texto presentado de que Brito hubiera infringido leyes. “Es para que nos ubiquemos, porque nosotros estamos preparadas para otro tipo de análisis de normas, no específicamente las de Derecho Administrativo, relacionadas con la contabilidad, las obras públicas, que las estamos conociendo ahora. Usted que es contadora y tiene mayor conocimiento al respecto…”, planteó Molina. Su colega, Stella Maris Arce, la interrumpió. “Disculpe, doctora. Usted Hizo una apreciación, que no estamos en condiciones de hacer una interpretación de la norma administrativa, pero yo sí me siento en condiciones”, aclaró.
La jueza Alicia Freidenberg, que preside el debate, transmitió el pedido de Arce a Molina, y la testimonial continuó, con un halo de suspicacias en el ambiente. ¿Puede o no pude interpretar si hubo delito o no la justicia que interpela a un alperovichista?
Cuando Lampa terminó, el fiscal Saltor ante tantas dudas planteó recusar a Molina, en función del principio “Iura novit curia” (literalmente “el juez conoce el derecho”, o sea, el juez conoce el derecho aplicable y, por tanto, no es necesario que las partes prueben en un litigio lo que dicen las normas), debido a la manifestación de la jueza Molina que no va a poder interpretar normas administrativas relacionadas con los delitos imputados a Brito…
En medio del descrédito que sufren los encargados de impartir justicia en Tucumán, la Suprema Corte trata de reaccionar y en ese contexto elaboró su Primer Plan Estratégico para “mejorar, ser confiable, transparente y comprometida con la ética y la humildad”, y ante los ojos de la ciudadanía: Justa, idónea, ágil y de calidad…” Objetivos que suenan lejanos, sobre todo, teniendo en cuenta que siempre estará hincando sobre las espaldas del juez, la injerencia del dedo político de quien los nombró.
(Fabián Seidán es Editor General de diario CUARTO PODER)