La señala como jefa de una banda “para-estatal” organizada para cobrar sobornos. La acusa de 22 delitos y la embargó por 4 mil millones de pesos. También procesó a De Vido, Baratta y varios empresarios.
El juez Claudio Bonadio procesó a 42 personas en la causa por corrupción en el ex Ministerio de Planificación. Cristina Kirchner fue acusada de ser jefa de la asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. También pese a solicitar su prisión preventiva sujeta al desafuero del Congreso, el magistrado indicó en la resolución de 551 páginas que para iniciar el necesario proceso de desafuero de la senadora el juez esperará a que el procesamiento “se homologue por la Cámara federal de apelaciones”.
A la ex Presidenta se le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos, y fue formalmente acusada de dirigir una asociación ilícita, de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo (cobrar coimas) en cinco hechos.
El procesamiento también alcanzó a Julio De Vido y Roberto Baratta en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo. En el caso del ex ministro de Planificación se le atribuyen cuatro hechos, mientras que al ex Secretario Coordinador se lo acusa de 90 hechos. A ambos se les dictó la prisión preventivas y se les trabó un embargo de $ 4.000 millones para cada uno.
En el caso de José López, ex secretario de Obras Públicas, aceptado como imputado colaborador, quedó procesado como miembro de la asociación ilícita y cohecho pasivo, también con prisión preventiva y un embargo de $ 4.000 millones.
En tanto el ex chofer de Baratta, Oscar Centeno, fue procesado como miembro de la asociación ilícita, con la misma millonaria cifra de embargo y otorgada la libertad al ser el primer “arrepentido” en el expediente.
La larga lista de empresarios que terminaron procesados incluye a Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Carlos Mundin, Héctor Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Aldo Roggio, Juan Chediack, entre otros, todos acusados como miembros de la asociación ilícita y dación de dádivas con un embargo cada uno de $ 4.000 millones.
Para Bonadio, la investigación comprobó que se montó un aparato complejo desde el Estado. Al respecto indicó que esta maniobra mostró la existencia de “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y del Ministerio de Planificación, actuó entre los años 2003 y 2015”.
El objetivo fue “procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”, indicó el juez de la causa.
En su extensa resolución, el Juez indicó que en dicho período existió un “pacto ilícito en daño de tercero” entre funcionarios y empresarios que hizo “funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad , que dejaba a los más humildes del pueblo sin cloacas, sin agua corriente (…)”.
La finalidad de esta “organización delictiva”, fue distribuir “coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, este selecto grupo de empresarios también se llenaban los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones sosteniendo el discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo hacer creer que cedían a las presiones , en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo”.
Así se refirió a los empresarios, muchos de los cuales fueron aceptados como imputados colaboradores en la causa pero terminaron procesados como miembros de la asociación ilícita.
Sobre el funcionamiento de esta mecánica, Bonadio detalló que los empresarios para ganar obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios, entre otros casos, los empresarios “entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios que Néstor y Cristina Kirchner designaban para esos menesteres a fin de recibir esos “retornos” o “coimas”.
fuente: clarín