Fueron encontradas 44 vainas servidas en distintos puntos del terreno, pero no se detectó la existencia de armas de fuego en manos de la comunidad; no hay rastros de enfrentamiento.
El juez federal Gustavo Villanueva deberá esperar las pericias balísticas de las 44 vainas servidas que se recolectaron en la inspección que realizó ayer, durante casi diez horas, en el predio de Villa Mascardi que ocupa lalof Lafken Winkul Mapu donde murió el joven Rafael Nahuel. En el rastrillaje no se encontraron evidencias de que se hubiera producido un tiroteo.
La inspección ocular y las pericias para esclarecer en qué circunstancias murió Nahuel y si hubo un enfrentamiento entre el grupo Albatros, de la Prefectura, y los ocupantes mapuches, como asegura el Ministerio de Seguridad de la Nación, se realizaron doce días después del enfrentamiento, en medio de una fuerte expectativa, bajo un fuerte cordón de seguridad, con un centenar de policías y casi veinte peritos.
Según el acta del procedimiento, al que accedió LA NACION, se recogieron en distintos sectores del predio un total de “31 vainas servidas calibre 9 mm y un cartucho completo y 13 vainas servidas de escopeta calibre 12/70, con munición antitumulto, junto a otro cartucho completo”, por parte del perito de balística.
La evidencia se levantó en “puntos específicos georreferenciados ubicados a 400, 1000 y 1200 metros” de distancia del ingreso al predio, sobre la ruta 40.
Además, según consta en el acta, el perito del laboratorio químico recolectó “muestras terrosas y de vegetación”, junto a trozos de cortezas y una punta de lanza con aparentes restos de pintura. También se secuestró una capucha, una remera y un trozo de género violeta con aparentes manchas de sangre, de las que no pudieron obtenerse huellas dactilares.
El acta consigna que “del resultado de las pericias no se pudieron observar impactos [de bala] en el terreno”, con lo cual no pudo acreditarse, al menos en la diligencia, la presencia de armas de fuego en manos de los mapuches.
La Prefectura, que cuenta con ocho agentes investigados por el operativo en el que murió Nahuel el 25 de noviembre pasado, envió a la inspección a la abogada Gabriela Gebl y a dos peritos, mientras que la querella tuvo su perito de parte, Silvia Bufalini. Participaron, además, las abogadas Natalia Araya y Julieta Wallace; el padre y el hermano de Nahuel, y la fiscal Sylvia Little.
Las evidencias
Wallace, una de las abogadas de la querella, señaló que en tres puntos de la montaña, donde se encuentra el lof mapuche, se recolectaron evidencias.
A 400 metros del inicio del sendero se tomaron rastros de postas antitumulto, unos 600 metros más arriba se encontraron “más de 30 vainas y casquillos tirados, todos de balas 9 milímetros”, y a 1200 metros de altura, en inmediaciones del lugar donde presuntamente fue herido de muerte Nahuel, otro grupo de vainas alrededor de un coihue”.
La abogada querellante remarcó que en el lugar señalado por el Ministerio de Seguridad como el punto del presunto enfrentamiento, a unos 400 metros del sitio en el que comienza el sendero, no había rastros ni árboles dañados. Tampoco encontraron en ningún sector del predio orificios de bala en los árboles.
A la espera de resultados
Ahora, el juez Villanueva espera un informe detallado de lo recolectado en el terreno y la pericia balística de las vainas encontradas, que se realizará en el Gabinete de Criminalística de la policía de Río Negro, en Bariloche, a cargo del perito balístico Roberto Nigris, y con participación de la especialista designada por la querella y un representante de la Policía Federal.
También el magistrado aguarda los resultados de las pericias de cinta de carbono practicadas 13 días atrás en las manos de Nahuel, de los detenidos Fausto Jones Huala y Lautaro González, y de ocho agentes del grupo Albatros. Esas pruebas son realizadas en el Instituto Balseiro.
En la causa judicial -todavía unificada con la de usurpación- y caratulada como “Jones Huala, Fausto Horacio y otros sobre muerte por causa dudosa, usurpación y atentado agravado por más de tres personas” pesa el secreto de sumario y no hay todavía ningún prefecto imputado. Sí lo están las seis mujeres que fueron detenidas durante el desalojo, sobre las cuales pesa una restricción de salida del país.
En el caso de los prefectos que intervinieron todavía no fueron llamados a declarar. Sólo fueron identificados y notificados sobre la investigación en curso, se les secuestraron sus armas y ropas, y se les realizaron las pruebas de carbono en las manos.