Acorralados por la Justicia, el kirchnerismo busca mostrar fuerza para que la hija de la ex mandataria no termine en prisión por lo millones de dólares que hizo con emprendimientos hoteleros durante el gobierno de sus padres.
Hoy dieron explicaciones ante la Justicia los hijos del matrimonio que gobernó la Argentina durante 12 años, el tiempo que coincide con su explosión como empresarios en negocios privados, declarados: su súbito interés en invertir mercados que jamás habían explorado fuera de la función pública. La pasión repentina por la hotelería. Y por el real estate con ganancias millonarias.
Máximo y Florencia Kirchner quedaron imputados en causas judiciales por ser accionistas y directores -y ella, a la vez, empleada- de compañías que crearon sus padres y que les legaron por razones diferentes. Él, Néstor, porque murió. Ella, Cristina Fernández, les cedió su patrimonio cuando esos bienes y millones de dólares en efectivo, inmuebles y hoteles podían ser embargados por decisión judicial.
Máximo y Florencia son ya adultos. Lo que hicieron con la cadena comercial diversa fundada por su padre y su madre, dos expresidentes, los compromete ahora en la Justicia.
Desde 2003 Máximo tiene poderes generales amplios de representación en el ámbito privado: por eso firmó contratos de alquiler de uno de sus hoteles en El Calafate. Y cobraba otro tipo de rentas en nombre de su familia.
A su modo, fue el sucesor de Néstor en los negocios con contratistas estatales del Gobierno kirchnerista: Lázaro Báez, Cristóbal López y otros.
Florencia, en cambio, entró a la vorágine de los millones que generaron esos empréstitos bajo sospecha judicial hace 7 años, cuando su padre murió y pasó a heredar parte del patrimonio.
Hace pocos meses cayeron las consecuencias jurídicas por las posibles irregularidades de su cadena hotelera y, sobre todo, de su inmobiliaria, llamada “Los Sauces”: no tiene sede legal, tampoco empleados (salvo Flor K y un jardinero) pero sí obtuvo ganancias por al menos 29 millones de pesos con movimientos de dinero cuyo origen se acreditó -mayormente- de modo poco claro.
El propio perito de parte de los Kirchner en la causa debió admitir que la firma no poseía la documentación de respaldo para varios de sus contratos más polémicos: las rentas de propiedades -algunas de las más cotizadas de la Capital Federal- con los empresarios amigos de sus papás y beneficiarios, a su vez, de resoluciones estatales en la era K.
Florencia, por ejemplo, reclamó al juez Julián Ercolini y al fiscal Gerardo Pollicita el levantamiento del embargo judicial que se había dictado sobre cuentas bancarias y sus 2 cajas de seguridad, en las que terminaron depositados alrededor de 5 millones de dólares que su familia transfirió desde diferentes bancos. Ella argumentó que “Los Sauces” usaba que esas cuentas para depositarle su salario: así reveló que, además de accionista de su inmobiliaria, era también empleada.
Cuando las autoridades judiciales le pidieron un recibo de sueldo como comprobante para avalar su queja jurídica, ella lo entregó. Errare humanum est: la dirección que puso como sede de “Los Sauces” era falsa: Alcorta 76, un domicilio allanado por la Justicia y donde se confirmó que funcionaba un estudio que había sido de su propio contador.
El mismo recibo de la empleada-accionista decía que el salario por trabajar para ella misma se depositaba en el Banco de Santa Cruz.
Pero la hija de la abogada Cristina había pedido que quitaran el embargo sobre sus cuentas… en el banco Río.
Máximo es el emblema de esa generación de clanes santacruceños enriquecidos en los últimos años. Tiene fueros que impiden que vaya preso. Su hermana no, aunque el juez Claudio Bonadio no tenía en mente tomar una decisión así.
Fue un subordinado de Máximo, el también diputado nacional Andrés “El Cuervo” Larroque, quien no supo o no quiso explicar que su jefe no podía de ningún modo ir a prisión. Era algo obvio, pero Larroque igualmente ayer alertó a la militancia K que Kirchner hijo podía terminar detenido. Ninguna posibilidad.
Fuente: Clarín