La provincia está adherida a la ley nacional que reconoce a labor de los empleados públicos, por lo que el 27 de junio no habrá actividad en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo provincial.
El próximo 27 de junio se conmemorará el Día del Trabajador del Estado por lo que el próximo lunes será feriado para todos los empleados de la administración pública nacional. Como la Provincia de Tucumán está adherida a la normativa que regula la conmemoración, en el ámbito de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el próximo lunes será asueto. No así en el Poder Judicial que no se adhirió a la norma.
Así lo explicó la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez: “Con fecha del 23 de julio del 2017 el Gobierno de la Provincia se adhirió a la ley nacional que establece el Día del Trabajador del Estado. Por lo cual, para declarar el asueto no es necesario un decreto, ya estamos adheridos por ley”.
A su vez, informó que el Ministerio de Educación de Tucumán, por resolución firmada por su titular, Juan Pablo Lichtmajer, “se va a adherir pero únicamente para establecimientos educativos públicos. No para los privados. Se aplicará la suspensión de las clases en virtud de que el personal administrativo está alcanzado por la medida”.
Y sostuvo: “Este asueto abarca al Poder Ejecutivo en toda su extensión y al Poder Legislativo que ya se adhirió pero no al Poder Judicial que no se adhiere”.
¿Por qué se conmemora el Día del Trabajador del Estado?
El 3 de julio de 2013 se sancionó la Ley 26.876, luego promulgada el 1 de agosto de ese año, que declaró el 27 de junio como Día del Trabajador del Estado, asimilándose a los feriados nacionales a todos los efectos legales. También se invitó a las provincias a adherir a la determinación.
En esa fecha, pero en 1978, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio Nº 151 y la Recomendación Nº 159 vinculados al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública.
En la Argentina, este convenio se vio ratificado recién en 1987 tras la sanción de la Ley 24.185, que reguló las negociaciones colectivas entre la Administración Pública y sus empleados.