El decreto incluye puntos que superan la condición extraordinaria de necesidad y urgencia. Y eso abre puertas a planteos judiciales. El tratamiento legislativo es diferente. Pero lo que pueda ocurrir en los tribunales será un dato fuerte para el Gobierno y los legisladores.
El mega DNU de Javier Milei ha copado el temario público, al punto de relegar por momentos la crudeza de la crisis y el impacto de la escalada inflacionaria. El foco de tensión está centrado en el Congreso y todo el mundo político sabe o supone que habrá también capítulos judiciales. Parece cantado: el decreto necesitó 83 páginas para desplegar 364 artículos, más dos de forma, que anulan o modifican leyes. Es difícil que el paraguas de la excepcionalidad pueda cu
brir semejante texto por completo. Otro te
ma serán los tiempos y su impacto.
Por lo pronto, la mayoría de los constitucionalistas, incluidos algunos que ven con simpatía el ciclo abierto por Milei, cuestionan el armado del DNU, es decir, la condición extraordinaria de necesidad y urgencia que busca abarcar todos los asuntos incluidos en el decreto. Lo mismo se afirma en medios políticos, fuera de las posiciones que se juegan en la superficie.
Los ejemplos más repetidos, como contrapunto entre lo aceptable y lo inaceptable, refieren a la derogación de la ley de alquileres y al renglón que permitiría a los clubes de fútbol convertirse en sociedad anónimas. Resulta claro en que caso es posible invocar un cuadro excepcional y en cual, al revés, asoma insostenible. Por supuesto, no se invaden terrenos expresamente vedados (cuestiones penales, tributarias, electorales y referidas a los partidos políticos). Es claro, también, que más de un punto traspasa o roza el límite constitucional.
La abundancia y variedad de asuntos desplegados en el DNU abre las puertas a cuestionamientos judiciales precisos, de uno o varios artículos. Nada es descartable -el temor es siempre a algún pronunciamiento basado en posiciones políticas antes que jurídicas-, aunque la primera impresión es que difícilmente avancen presentaciones globales. Por supuesto, la Corte Suprema tiene la última palabra.
Aún antes de llegar al último escalón de la Justicia, la posibilidad de decisiones judiciales a contramano del argumento de urgencia y necesidad esgrimido como único para todos los puntos del decreto -en resumen, la gravedad y profundidad de la crisis-, expone un desafío para Milei. Una prueba, después del gesto presidencial hacia la Corte en el ámbito de la asamblea legislativa, su primer acto formal.
Milei saludó especialmente a los integrantes del tribunal supremo, en un gesto que debería ser normal pero que representó un verdadero mensaje político. Unos días antes, y luego de sucesivas cargas del kirchnerismo, el oficialismo saliente había puesto otra vez en escena el intento de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte.
Por extensión y en línea con los que era difundido desde antes por el círculo de Milei, se da por sentado que la nueva gestión se mantendrá lejos de los enfrentamientos con la Justicia. Por eso mismo, es parte, ahora, del test que proyecta el enorme DNU o al menos los puntos insostenibles. La Corte, en general, prefiere que cuestiones de este tipo sean resueltas en el terreno político y no en los tribunales.
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Los cuatro integrantes de la Corte Suprema en la asunción de Javier Milei como presidenteExiste una diferencia que no es menor. En el frente judicial, se pueden originar resoluciones puntuales a partir de amparos y reclamos de fondo. En el ámbito legislativo, es diferente. El Ejecutivo debe “dar cuenta” al Congreso y la norma impone una definición a todo o nada, es decir, el aval o rechazo al DNU como pieza única y no artículo por artículo. De todos modos, el dato no debería confundir. El camino puede ser largo, no es sencillo y depende del juego en el contexto de fragmentación que exhiben Diputados y el Senado.
Es llamativo cómo una norma ideada por Cristina Fernández de Kirchner podría terminar allanando el camino a los planes de Milei. Llamativo, pero no extraño: fue una movida convertida en ley para favorecer el poder presidencial, en tiempos de Néstor Kirchner. La caída de un DNU sólo se produce si las dos Cámaras del Congreso lo rechazan. Nada fácil. De lo contrario, los decretos sobreviven. Y eso, con un agregado: decenas de DNU ni siquiera llegan a la instancia de la votación en el recinto.
Son días estos en que las críticas al recurso de tales decretos, que de hecho legislan, están dirigidas a señalar que la combinación entre temas de fondo -por ejemplo, laborales- y seguridad jurídica no van de la mano. Dicho de otra forma: se sostiene que pueden alimentar cierta incertidumbre sobre su sostenimiento en el tiempo. En sentido contrario, no faltan ironías sobre los giros y contramarchas producidos mediante leyes: el caso más notorio sería la historia de YPF desde el menemismo a la fecha.
El punto, de todas maneras, es que en el Congreso hay diferentes cuestionamientos al DNU. El peronismo/kirchnerismo tomó rápidamente el camino del rechazo general como elemento para sostener su unidad, lejos de ser sólida. De todos modos, es un interrogante la actitud de jefes provinciales cuando llegue al Congreso el paquete de proyectos de ley para ser tratados en sesiones extraordinarias, ya convocadas formalmente. En la otra vereda, y también con precaria estabilidad, el PRO se muestra en línea con LLA.
Existe una amplia franja, matizada, que rechaza la decisión del DNU, aunque no necesariamente todas la reformas o baja de leyes. Demandan, como punto inicial y con compromiso de negociación, que tales medidas sean impulsadas por ley. La UCR llegó a ese consenso básico, aunque hay diferencias domésticas. Y una línea similar expone un conglomerado de bancadas que dieron señales de trabajo conjunto, desde la CC al bloque encabezado por Miguel Angel Pichetto -de relación directa con gobernadores de JxC- y el espacio que tiene como referencia a Juan Schiaretti.
Las especulaciones se suceden en velocidad. Algunas tienen que ver con trabas o diagonales para que se estire o quede empantanado el tratamiento en la comisión bicameral que debe abordar el tema. Es sabido el arrastre de una larga lista de pendientes, del gobierno anterior y más allá en el tiempo, algo que podría ser reflotado si se tensa la cuerda.
En la superficie, el mayor reclamo, expresado de diferente forma, apunta a que el Gobierno desarme al menos los puntos más cuestionados y los agregue al temario de extraordinarias. El oficialismo lo rechaza, parado en la creencia de que el capital otorgado por las urnas sobra para esta batalla, expresión de una concepción de poder siempre inquietante.
Los interrogantes no se agotan en ese tablero de posiciones enfrentadas. ¿Qué puede pasar en la Justicia y, sobre todo, cómo podría alterar planes políticos? Nada indica que vaya a ser intrascendente para el Gobierno y el Congreso.
fuente: infobae