Edmundo Jiménez puso nuevamente en tela de juicio la validez constitucional de la norma, que lleva varios meses de vigencia en Tucumán. Su validez constitucional vuelve a estar en el centro del debate político.
Han transcurrido ocho meses desde que la ley de Narcomenudeo fue implementada en Tucumán, y desde entonces, la policía ha estado utilizándola frecuentemente.
Han tenido lugar numerosos operativos que han resultado en arrestos y confiscación de drogas en toda la provincia. Sin embargo, persisten discrepancias con el sistema judicial provincial, que mantiene su objeción a la ley, alegando que es inconstitucional.
Los detractores de la ley argumentan que su aplicación viola la garantía constitucional de un debido proceso, creando confusión con respecto a la jurisdicción tanto federal como local. Aducen que la ley deja en un limbo la competencia legal, volviéndola ambigua y negociable.
Al poner en marcha la ley de Narcomenudeo, el 30 de noviembre, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, que había promovido activamente la normativa, insistió en que el objetivo principal es combatir el tráfico ilícito de drogas.
Aseguró que los tres poderes del estado provincial trabajarían conjuntamente con la Justicia Federal y las Fuerzas Federales.
El presupuesto no llega
También se reveló que se habían asignado $11.000 millones para la lucha contra el narcomenudeo en el presupuesto 2023. No obstante, el Ministerio Público Fiscal (MPF) sostiene que todavía no han recibido financiación para implementar la ley.
El ministro Fiscal Edmundo Jimenez ha expresado preocupaciones sobre la ley 26.052, que reafirma la competencia de la Justicia Federal en todo el país, pero permite a las provincias asumir la responsabilidad de perseguir los delitos de drogas a nivel local.
La principal crítica es cómo se define la cantidad de droga que constituye “menudeo”, lo que determinará la intervención de la Justicia Federal o local. Según Jimenez, esta definición puede causar dificultades en la competencia jurisdiccional y complicaciones para los jueces.
“Falta claridad”
Otras críticas a la ley incluyen la falta de progreso en la “desfederalización” del narcomenudeo, falta de claridad en la conformación de la Comisión Interpoderes y ausencia de un reglamento interno para dicha comisión.
Además, el MPF señala que no hay informes sobre criterios para implementar la ley de narcomenudeo en términos de normas, procedimientos, operaciones, logística, recursos humanos, materiales y presupuesto.
Según el MPF, no se ha cumplido ninguna de las promesas hechas antes de la implementación de la ley de Narcomenudeo, y por eso han pedido que se suspenda su aplicación.
De hecho, han presentado el caso a la Corte Nacional para que se resuelva el conflicto. Además, alegan que la ley no proporciona una orientación clara sobre cuánta cantidad de droga se considera venta o posesión, y que no se ha recibido ninguna financiación bajo la Ley Nacional N° 26.052.
En conclusión, el MPF sostiene que las disposiciones de la ley 9.188 y de la ley nacional 26.052 son inconstitucionales, ya que reforman la ley 23.737 y establecen un sistema de desfederalización de narcomenudeo que es conflictivo, problemático y confuso.
Por lo tanto, consideran que es apropiado rechazar las defensas propuestas por la Provincia de Tucumán y admitir la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por el MPF en contra de las disposiciones de las mencionadas leyes.
fuente: losprimeros