El Juzgado de Paz de El Mollar emitió recientemente dos medidas, una de alimentos provisorios y otra de protección de personas. Dichas medidas marcan un importante avance en la profundización del servicio de justicia en el interior de la provincia, y reflejan los avances que se están produciendo en el ámbito de la Justicia de Paz para la resolución de conflictos en distintas zonas del territorio tucumano que se encuentran alejadas de los centros judiciales.
El titular del juzgado de paz de El Mollar, Dr. Juan Ramón Vicente recalcó que “en el caso de la medida de protección de persona, las actuaciones correspondientes fueron enviadas al Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones, a cargo de la Jueza de Iª. instancia María Josefina Rey Galindo, del Centro Judicial de Monteros; tal como lo establece el artículo 30 del Código Procesal de Familia (ley Nº9.581)”.
En este punto, destacó que “muchas veces las personas suelen desistir de un trámite porque les queda muy lejos ir a la capital, o Monteros, y se les hace muy caro el traslado. Con este acercamiento los pobladores de los Valles, tienen resueltos estos inconvenientes. Además, nosotros nos acercamos a la Policía para explicarles que en caso de denuncias por alimentos o en el caso de protección de personas, pueden derivar a los denunciantes directamente a nuestras oficinas y no a la capital o a Monteros, como solía suceder antes; y dialogamos con las Comunas para explicarles estos nuevos beneficios para los pobladores. Como todo cambio llevará tiempo, pero veo que la gente siente que la justicia es cercana a ellos”, enfatizó.
Cabe mencionar que las medidas de protección de persona y alimentos provisorios se enmarcan en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial (ley Nº 6238), artículo 81- inc 5 y 6- que establece las competencias de los Juzgados de Paz letrados en dichas materias.
En este contexto la Corte creó, a fines del año 2023, la figura de referentes territoriales. Estos referentes son empleados y empleadas, de los diferentes juzgados, que actúan como enlace entre las personas en situación de violencia y el Poder Judicial, para el tratamiento de su problemática. Estos empleados vienen recibiendo una formación específica, a fin de contar con herramientas necesarias para brindar contención a los justiciables y abordar la problemática de cada caso con perspectiva de género y desde la gestión de riesgo de las víctimas.