El viernes de madrugada, efectivos del Grupo Cero irrumpieron en el penal de Villa Urquiza, apuntando a tres objetivos: las celdas de Miguel “Miguelón” Figueroa, Maximiliano “Maxi” Abraham y Álvaro Jorge Quiroga.
Tras informarles que la Justicia había dispuesto su traslado a un penal de máxima seguridad en Buenos Aires, los subieron sólo con lo puesto a una furgoneta y, el sábado a primera hora ya figuraban ingresados una dependencia judicial de la Nación aguardando que los ubiquen en su nuevo lugar de reclusión, medida que se hará efecticva en pocos días más.
La decisión no registra antecedentes recientes en la historia penitenciaria Tucumán y ya generó la reacción de los abogados defensores, quienes hicieron sendas presentaciones para que sean devueltos a la provincia.
“Se tomó esta decisión por su mal comportamiento y su peligrosidad. No sólo protagonizaron incidentes, sino que además atacaron en varias oportunidades al personal del servicio penitenciario. Los jueces compartieron esta iniciativa y convalidaron su traslado”, aseguró el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa.
Hubo situaciones similares
Ni los más memoriosos recuerdan que se haya registrado un traslado de estas características. Sí hubo situaciones similares. Uno de ellos fue el fallecido Rubén “La Chancha” Ale que fue trasladado a un penal de Buenos Aires cuando había sido procesado por una causa por lavado de activos, por la que terminó siendo condenado.
El otro es Daniel “Garra” Jalil, líder del clan “Los Garra” que fue condenado por comercialización de drogas. La diferencia está en que ambos estaban a cargo de la Justicia Federal, no de la ordinaria como es en este caso.
Las autoridades del Servicio Penitenciario presentaron en la Justicia un informe sobre la conducta de los condenados que fueron trasladados. Datos que fueron desmentidos por allegados de los presos.
Pero el expediente de “Miguelón”, sospechado de manejar el tráfico de droga en Villa 9 de Julio y condenado por tres homicidios, es el más polémico de todos.
Son de alto riesgo
“Se considera que tienen un perfil de alto riesgo, no contando con la posibilidad de ser alojado en nuestras dependencias. Detalle no menor, es que el mismo manifiesta a aquellos encargados de su custodia de contar con los medios suficientes para realizar una fuga, en momento de ser traslado a dependencia judiciales o de amedrentar a aquellos que no otorgasen algún beneficio o los juzgaren”, se puede leer en el escrito firmado por el subdirector del servicio penitenciario Diego Julio Leal.
Los informes en contra de “Maxi” Abraham y de Quiroga habrían sido igual de polémicos, pero no habrían tenido planes de fuga. El trámite quedó en manos de la jueza María Valeria Mibelli que ordenó, por la gravedad del caso, que se tomaran las medidas correspondientes para preservar la seguridad de los funcionarios del servicio penitenciario.
Máxima seguridad
Las autoridades de Seguridad iniciaron las gestiones y consiguieron que los condenados sean trasladados de manera inmediata a unidades carcelarias de máxima seguridad federales, donde el régimen que deben cumplir los detenidos es mucho más severo.
Macario Santamarina, defensor de Figueroa, al enterarse del traslado presentó un hábeas corpus a su favor para que fuera traído de inmediato a la provincia. El profesional dijo que el informe que analizó la jueza Mibelli es falso.
“En 20 meses de encierro tiene tres sanciones. Una por la pelea en la Unidad 9. La segunda por el presunto uso de un celular para amenazar a los fiscales que está en plena etapa de investigación. La tercera es porque le secuestran una soga que usaba para colgar la ropa que es habitual entre los internos, pero como fue en fecha próxima de las presuntas amenazas, al interno Figueroa le hicieron cumplir estrictamente el reglamento interno”, sostuvo el profesional en el escrito que presentó.
Quejas del abogado
“Las condiciones de detención de mi defendido no se podían cambiar sin audiencia con intervención de la defensa, por la existencia de orden judicial expresa y vigente. No solo emitió el dictamen sino que en el mismo, incumplieron en darle participación a esta defensa técnica”, agregó Santamarina.
“Están en todo su derecho de hacer las presentaciones que consideren necesarias. Pero también nuestra obligación es velar por todos. Figueroa puso en peligro la seguridad del personal del servicio penitenciario y de los mismos internos”, aseguró Agüero Gamboa. “¿Que pasaría si el condenado concretara su fuga? Con los antecedentes que tiene, la sociedad estaría en riesgo”, se preguntó.
El titular de la cartera de Seguridad remarcó que los trasladados tenían problemas de conducta y eran focos de conflicto permanente en la cárcel.
Cuentan con recursos
“Lo que es más importante, los tres cuentan con los recursos para realizar algunas maniobras que están prohibidas en el penal”, aclaró. Pero hizo el principal hincapié en una investigación en la que obligaban a los internos con salidas transitorias a que hagan ingresar celulares para que los utilicen.
“También hubo amenazas al personal y debemos cumplir con las órdenes del gobernador Osvaldo Jaldo: hay que cuidar a los que nos cuidan”, explicó.
Fuentes judiciales y del servicio penitenciario dijeron que “Miguelón” podría haber contado con ayuda de otras personas para amedrentar a los guardiacárceles. “Que linda que te quedó la casa con la reja verde” o “Que problema que tu hija tenga inconvenientes para tomar el 4” eran algunas de las frases que les decía al personal de servicio penitenciario. Esa información era real y daba cuenta que el condenado por tres homicidios tenía información precisa de la vida privada y de la familia de los que deben cuidarlo.
Deben cumplir la sentencia
El final de este caso llegará cuando se realice una audiencia para que se trate al menos el hábeas corpus presentado por Santamarina. Habrá que esperar para saber si los condenados cumplirán las sentencia bajo un estricto régimen o volverán a Villa Urquiza.
“Todo lo que dijeron es mentira. A mi esposo lo llevaron a Buenos Aires de manera ilegal y por cuestiones políticas. Esa es la única verdad”, sostuvo Marcela Díaz, pareja de Miguel “Miguelón” Figueroa.
“Después de que lo acusaran de haber amenazado a los fiscales, le cortaron todos sus derechos, a pesar de que el juez Gonzalo Ortega resolvió que debía mantenerlos. No solo cumplieron, sino que además es víctima de maltrato por parte del personal”, agregó y compartió una foto en la que se pueden ver lesiones.
La pareja también desmintió que haya planeado fugarse. “Esas son mentiras. Con autorización judicial, participó del funeral de su madre. Asistió acompañado por un grupo comando que estuvo todo el tiempo vigilando. Había muchísima gente y jamás pensó en escaparse”, destacó Díaz.
Piden hábeas corpus
Macario Santamarina, en el hábeas corpus que presentó, dijo que se afectarán los derechos del sospechado de manejar una organización narco en Villa 9 de Julio. “Este traslado le impedirá tener contacto con su familia y su situación puede generar severos problemas de salud. Figueroa tiene antecedentes de haber sufrido un ACV y eran sus allegados los que le entregaban la medicación. ¿Cómo hará ahora?”, se preguntó el profesional.
“Lo conminan a trato de interno de alto perfil de riesgo, en una cárcel de máxima seguridad con todas las restricciones en comunicaciones y contacto con los familiares, cuando de los informes rectificados no surge tal peligrosidad”, concluyó el defensor del peligroso criminal condenado por triple homicidio.