Diputados oficialistas trataran de establecer un acuerdo con la oposición para avanzar con el proyecto de ley que establece la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país.
Tras la maratónica sesión en la que la cámara baja aprobó, entre otras cuestiones, la ley de acceso a la información, el iva para la canasta básica y la ley antidespidos, la decisión del oficialismo es tratar en la próxima sesión dos de las seis iniciativas que el presidente Mauricio Macri envió al Congreso a principios de abril para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Se trata de los proyectos sobre flagrancia y creación de figuras para la investigación de delitos complejos que fueron debatidos en las comisiones de Seguridad Interior y de Legislación Penal, donde recibieron aportes de todos los bloques, con lo cual se estima que serán aprobados en el recinto por amplia mayoría.
El proyecto de flagrancia, cuyo objetivo es lograr un juzgamiento rápido de los delitos en los cuáles sus autores son aprehendidos en el momento mismo de su realización, establece que “el detenido será trasladado ante el juez a fin de participar de una audiencia oral inicial de flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de las 24 horas desde la detención”, prorrogables por otras 24.
La iniciativa busca agilizar los procesos para aquellas situaciones en que una persona sea sorprendida in fraganti cometiendo un delito.
Al presentar el proyecto en el Congreso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich señaló que esta figura está “en la mayoría de los códigos procesales provinciales” y que la inclusión en el federal “significa dar una respuesta adecuada al alto índice de criminalidad y a la reincidencia que existe”.
“Esto está planteado para todos los hechos dolosos y cuando el delincuente es sorprendido en un momento de manera inmediata a cometerlo y así se puede constituir la prueba. Hemos puesto una pena máxima de 15 años, tomando como media los códigos procesales de las provincias. Pero como todo proyecto de ley es abierto al debate”, precisó Bullrich.
En tanto, el otro proyecto de ley que tiene previsto debatir la cámara baja en la próxima sesión incorpora las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y prórroga de jurisdicción aunque no contempla especificaciones para la figura del arrepentido para casos de corrupción que fue excluído finalmente del texto.
Según el texto, “será considerado agente encubierto todo aquel funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente calificado, que presta su consentimiento y ocultando su identidad, se infiltra o introduce en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, de impedir la consumación de un delito, o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación”.
El agente revelador, en tanto, sería “aquel agente de las fuerzas de seguridad o policiales designado a fin de simular interés y/o ejecutar el transporte, compra o consumo, para sí o para terceros de dinero, bienes, personas, servicios, armas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o participar de cualquier otra actividad de un grupo criminal, con la finalidad de identificar a las personas implicadas en un delito, detenerlas, incautar los bienes, liberar a las víctimas o de recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos”.
El proyecto consensuado aclara además que “el accionar del agente revelador no es de ejecución continuada ni se perpetúa en el tiempo, por lo tanto, no está destinado a infiltrarse dentro de las organizaciones criminales como parte de ellas”.
A través del proyecto, se establece que “cuando se encontrase en peligro la vida de la víctima o su integridad psíquica o física o la demora en el procedimiento pueda comprometer el éxito de la investigación, el juez y el fiscal de la causa podrán actuar en ajena jurisdicción territorial, ordenando a las autoridades de prevención las diligencias que entienda pertinentes, debiendo comunicar las medidas dispuestas al juez del lugar”.
Por otro lado, y en el marco de los proyectos vinculados a la lucha contra la corrupción que se encuentran en el Congreso, el oficialismo buscará avanzar en las próximas semanas con el debate en comisión de la iniciativa que propone la extinción de los dominios a fin de recuperar los bienes provenientes del lavado de dinero.
En tanto, los otros tres proyectos de seguridad enviados al Congreso por el Poder Ejecutivo, relativos al desvío de precursores químicos, al fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y la creación de un fuero específico para los casos de flagrancia, se encuentran en debate del Senado.