La novedad que acaba de escribir uno de los capítulos más sensibles en la historia judicial argentina comenzó el 9 de abril de 2015, cuando todavía las encuestas señalaban a Cristina Kirchner como la dueña de la política doméstica.
Casi tres años después de la estatización, el oportunismo de un estudio de abogados y las desprolijidades con las que el equipo de Axel Kicillof había avanzado sobre la petrolera YPF le abrieron la puerta a Burford Capital Limited, una especie de megabufete, para presentar en la Corte de Distrito Sur de Nueva York una demanda contra la petrolera y el Estado por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores de sus acciones.
Burford eligió un camino compuesto por el primer error del kirchnerismo. En 2008, la familia Eskenazi llegó a YPF. Siete años después, Burford había comprado en España las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que los Eskenazi habían creado, para demandar al Estado.
¿Cuál era la debilidad de la estatización que promovió el kirchnerismo? En 1993, en el marco de la privatización de YPF, el gobierno de Carlos Menem ofreció casi el 100% del capital de la empresa a través de acciones clase D y listó los ADR -el título bajo el cual se negocian los papeles extranjeros en los Estados Unidos- en la Bolsa de Nueva York. En ese momento, tanto el país como la empresa se comprometieron a que cualquier otra adquisición posterior de una porción de control de la empresa obligaría a hacer una oferta por el total de las acciones. Esa salvedad figura no sólo en los documentos que YPF envió a la SEC (el regulador bursátil norteamericano), sino también en su viejo estatuto. Pero el kirchnerismo no lo consideró.
En las semanas previas a la estatización, el por aquel entonces viceministro de Economía Axel Kicillof notó el detalle y estudió alternativas para contemplarlo. Fue un trabajo inconducente. Según los cálculos de su equipo, aceptar esas condiciones hubiese implicado para la Argentina un desembolso enorme por toda la empresa, cuando el Gobierno sólo quería el control. Kicillof lo expresó en una presentación ante el Senado. “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!”. Son algunas de las palabras que eligieron los demandantes para justificar su demanda.
Burford estructuró toda su demanda, cuyo original tenía 30 carillas, en los daños que fueron provocados a ambas empresas de la familia local por no tomar en cuenta su estatuto. Es el mismo fondo que puso el dinero para que el grupo Marsans pudiera iniciar el juicio en el Ciadi para reclamar por una indemnización después de la estatización de Aerolíneas Argentinas, en julio de 2008. La Argentina deberá pagar por esa cuenta unos US$320 millones.