La oposición quiere dar este miércoles dictamen al proyecto de tarifas razonables, aunque surgieron diferencias por cómo impacta la rebaja del IVA a las provincias. La estrategia del oficialismo.
Los distintos sectores del peronismo junto a otras bancadas de la oposición buscarán avanzar este miércoles en la Cámara de Diputados en un proyecto de “tarifas razonables” para limitar los fuertes aumentos en las facturas de gas, luz y aguas, que dispuso el Gobierno.
Por la firme presión opositora de la semana pasada el oficialismo debió convocar a las 14 a la comisión de Presupuesto, para dar el debate del proyecto que ya tuvo dictamen en las comisiones de Obras Públicas y de Defensa del Consumidor, controladas por el peronismo no K de Argentina Federal, y el massismo. El proyecto de “razonabilidad” en las tarifas, presentado en conjunto por ambas bancadas, tuvo apoyo -si bien con disidencias- del Frente para la Victoria. Así, el “panperonismo” -aún con sus grandes diferencias- junto con la izquierda y otros bloques más chicos se plantó contra el esquema de subas de tarifas oficial, en lo que implica un fuerte desafío para la Casa Rosada.
El proyecto de ley podría obtener dictamen este mismo miércoles, y llegaría así al recinto dentro de una semana -el próximo miércoles 9-. Sin embargo, el oficialismo de Cambiemos, que aparece casi resignado a la derrota y la media sanción, podría buscar estirar los plazos. El titular de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina, le pidió un informe técnico a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre el proyecto opositor.
“Creo que sería una irresponsabilidad aprobar esto sin saber cuánto cuesta y teniendo en funciones a la OPC. Cuanto cuesta y que implica en materia de subsidios a futuro”, le dijo Laspina a Clarín.
Desde el Frente Renovador, Marco Lavagna, uno de los autores del proyecto, sostuvo en cambio que el dictamen de la OPC “no es vinculante”, pidió “no quemar de entrada” a ese organismo que aún no funciona a pleno (fue creado a fines de 2016) y avisó que en todo caso irá por un informe “completo” que incluya “cuánto se está recaudando por la inflación”, superior a la que fue prevista en el Presupuesto.
Es que, tanto para Lavagna como para el otro autor del proyecto, el justicialista Diego Bossio, este año se recaudarán más de 120 mil millones de pesos adicionales por IVA. “Es por la inflación más alta que la esperada, mayores importaciones y más aumentos de tarifas”, dijo Bossio a Clarín.
Bossio -del interbloque Argentina Federal, el “peronismo de los gobernadores”- también indicó que podría haber cambios en la propuesta de rebaja del IVA: “Nuestra postura es moderada y no queremos congelar tarifas”, dijo diferenciándose del FpV, que propone retrotraer tarifas al 31 de diciembre de 2017 y congelarlas todo este año.
“Estamos viendo de hacer sintonía fina con el IVA, para que el impacto en las provincias sea menor. Morigerar la baja del IVA el primer año”, precisó Bossio, tras indicar que hay inquietudes de algunos gobernadores en ese sentido. Por ahora el proyecto reduce el IVA a la mitad (a 10,5%, para los hogares) por un año, con una recomposición escalonada en los siguientes tres años; y deja sin efecto la alícuota especial del 27% para las pequeñas y medianas empresas. Y otro punto en discusión es que en respuesta al proyecto del Ejecutivo de “limpiar” de impuestos provinciales las facturas de servicios, al proyecto se le agregó que los costos de reducción de IVA serán a cargo de la Nación.
Los que picaron en punta sin esperar a la OPC fueron los radicales. Técnicos de la UCR analizaron el proyecto opositor y en un informe difundido este martes concluyeron que su costo fiscal sería de 101.950 millones de pesos en 2018.
“Estamos recorriendo una incómoda transición consecuencia de la hipoteca recibida en término de tarifas y del facilismo regulatorio implementado por el gobierno anterior. Eso implica que durante un tiempo las tarifas deberán crecer por encima del crecimiento de los salarios”, sostuvieron los radicales en su informe de 7 páginas en el que analizaron punto por punto la propuesta opositora.
Graciela Camaño, jefa del bloque del FR, manifestó que aún si no hay dictamen en Presupuesto este miércoles, el tema llegará al recinto por una cuestión reglamentaria. Si avanza en Diputados, el proyecto deberá pasar al Senado, donde Miguel Pichetto, jefe del interbloque Argentina Federal, presentó en “espejo” la misma propuesta. El Gobierno pone fichas a poder frenarlo en la Cámara Alta, en negociación con los gobernadores, a los que presionó con su proyecto de quita de gravámenes provinciales. La última opción es el veto presidencial, como ya sucedió con la ley Antidespidos en 2016.
fuente: clarín