Por Fabián Seidán
Hay personas que están muy sospechadas de haber cometido, participado o ayudado a cometer delitos aberrantes y que, hasta aquí, lograron zafar de la Justicia gracias a fueros y cargos públicos altos que ostentan u ostentaron en el Estado.
Si un crimen cometido por un chico común, a plena luz del día, en pleno centro, con policías apostados en cada esquina, y con muchos testigos, no puede ser resuelto rápidamente por la Justicia al punto de que en breve el supuesto criminal estará de nuevo en la calle, qué se podría esperar del caso del ex fiscal federal Alberto Nisman, quien apareció muerto en medio de un charco de sangre en su baño, “estando solo” en su departamento de Puerto Madero.
El caso Alberto Nisman, ocurrido el 18 de enero de 2015 volvió a tomar notoriedad en las últimas horas luego de que la ex presidenta provisional del Senado y actual presidenta del PJ tucumano, Beatriz Rojkés de Alperovich, saliera a decir que la oposición intenta “resucitar de nuevo” al ex fiscal “porque Cristina Kirchner está avasallando en las encuestas”.
Inmediatamente le llovieron las críticas tanto desde afuera como de su propio espacio político. El Gobernador Juan Manzur tomó distancia de tal apreciación: “No comparto las declaraciones de Beatriz (Rojkés), creo que si hay nuevas pruebas en la causa hay que investigarlas y debemos ser muy respetuosos de la Justicia en estos casos”.
Vale recodar que Nisman apareció muerto con un disparo en la cabeza en su departamento horas antes de dar detalles sobre la denuncia que había presentado cuatro días antes contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el memorándum firmado con Irán.
Esa muerte tan inesperada como extraña y llena de dudas -el gobierno nacional kirchnerista por entonces intentó cerrar el caso aduciendo “suicidio” mientras se calumnió, maltrató y trató de loquito al osciso-, llevó al pueblo a mirar de reojo a la Justicia, al ver que fiscales, jueces, peritos y policías, se complotaban al parecer para evitar que la verdad saliera a luz.
El caso Nisman es uno de tantos otros que durante el gobierno kirchnerista se produjeron y que, a pesar de ser tan alevosos, quedaron en la nada o bien fueron pateados hacia adelante en busca de que prescribieran, con ayuda –claro-, de la Justicia “amiga”.
Otro caso similar al de Nisman, pero de menor trascendencia política, fue la muerte del empresario de Santa Cruz, Vittorio Gotti, dueño de “Gotti Hermanos Construcciones”, quien volcó su automóvil volviendo de Chile y salió despedido junto a su esposa y un acompañante cordobés. Los tres murieron.
La muerte de Vittorio -un hombre que desde 1987 comenzó a ganar mucha plata merced a cientos de obras y licitaciones que obtuvo gracias a Néstor Kirchner-, también fue violenta y a primera vista, fue un “accidente”.
Tras la muerte de Gotti, dos cuestiones movilizaron sospechas: primero, el hecho de que el empresario había amenazado justo antes de morir con que revelaría detalles de corrupción K en la obra pública de Santa Cruz; segundo, la insistencia de Lázaro Báez, socio de los Kirchner, por quedarse con su empresa. Más sospechas: Leonardo Fariña, el ex valijero de Lázaro, contó a Jorge Lanata en 2013: “Te digo una sola frase. Averigua cómo se compró Gotti. Averigua qué le pasó al viejo Gotti y decime si no son capaces de limpiar”. Y sí, tras la muerte de Gotti, Lázaro Báez con Austral Construcciones se convirtió en millonario con la obra pública kirchnerista y la Justicia, nunca investigó más allá del “accidente”. Caso cerrado.
Y si nadie investiga, todo pude parecer un accidente. Como el reciente caso de Aldo Ducler, el financista que manejó los fondos de Santa Cruz y que murió extrañamente hace unos días luego de sufrir un “infarto” tras un intento de robo en la vía pública. Lo extraño es que esto ocurrió dos días después de que Ducler ofreciera al Gobierno dar información sobre la “corrupción K”.
Si, el empresario se había presentado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para dar datos confidenciales a cambio de ser informante colaborador. Por eso su hijo, Juan Manuel Ducler, puso en duda las circunstancias de la muerte: “El cuerpo no tienen ninguna hematoma” y se preguntó “cómo una ambulancia privada lo levantó tan rápido. Es muy raro que se presenta como informante y a las 48 horas termina todo en un intento de robo, infarto y muerte”, apuntó.
Cuando se le preguntó quiénes se quedaron con parte de los 630 millones de dólares del Fondo de Santa Cruz, el hijo de Ducler explicó que “había una banda cuyos jefes eran los Kirchner, asociados con (Carlos) Zannini, con (Juliio) De Vido, con (Axel) Kicillof, con (el exembajador argentino en España Carlos) Bettini, con (el exjefe de Gabinete) Alberto Fernández, los Eskenazi y el banco Credit Suisse”. Sobre la operatoria de esa supuesta banda, el denunciante afirmó que “Kirchner saneó el banco de Santa Cruz con Lázaro Báez y el financista Ernesto Clarens”, “desvió US$ 280 millones para la campaña y con el Fondo de Santa Cruz compró YPF via los Eskenazi…”
Pero también en Tucumán se “cuece habas” y la Justicia deja mucho que desear con su accionar o su omisión. Es que hay muertos que deberían descansar en paz y no pueden hacerlo porque sus casos no terminan de esclarecerse, como el crimen de Paulina Lebbos, ocurrido en 2006 en pleno gobierno de José Alperovich y que hasta hoy sigue impune, por impericia de fiscales, mal trabajo del área de Seguridad del Gobierno y por negligencia policial. Un combo perfecto para que nadie esté preso. Si no fuera por la insistencia de Alberto Lebbos, el padre de la joven que marcha todos los martes para saber la verdad, la causa se hubiera cerrado ya sin culpables.
Decía Jorge Lanata: “Todos los gobiernos, desde el ‘83 hasta acá influyeron con mayor o menor suerte en la Justicia”. Y aclaró que durante el gobierno kirchnerista, fue cuando más se presionó a los jueces comprándolos, amenazándolos, destruyendo sus carreras: “Rodolfo Canicoba Corral: enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina. Sebastian Casanello: favoreciendo a Báez y Elaskar en la ruta del dinero. Julian Ercolini: cajoneando la denuncia de la Coalición Cívica sobre asociación ilícita. Viviana Fein: ocultando el asesinato de Nisman. Carlos Gonella de PROCELAC: persiguiendo a Campagnoli. Eduardo Freiler: coleccionando Mercedes. Mercado Romina y Natalia: delivery judicial familiar. Norberto Oyarbide, emblema del área. Rafecas. Enriquecimiento de la pareja. Zaffaroni. Los39 fiscales de Gils Carbó denunciados por usurpación, etc, etc”.
Hoy, como consecuencia de esas presiones, la Justicia ha demostrado que antepone su ideología a la ley que aplica. Y así, en ese vínculo creado o generado, el Poder político alardea de impunidad.
Diario Cuarto Poder