Por Marcelo Pérez – Diario Cuarto Poder | Nuevo año y los empresarios y gremios de colectivos de Tucumán vuelven a hablar de paros y restricciones del servicio como si fuera algo normal, y con la siempre latente posibilidad de suba del boleto porque a ellos nada les alcanza. Y mientras que el gobierno y el municipio capitalino se pelean por estatizar (o no) la prestación, en el medio está el usuario, rehén eterno de estos inescrupulosos que, además de tener el pasaje más caro del país, prestan un pésimo servicio.
Estatizar o no, esa es la cuestión
La idea de estatizar el servicio de transporte urbano de colectivo en Tucumán es muy buena, lógica y necesaria porque desde hace más de 20 años los usuarios sufren no sólo un pésimo servicio, sino uno de los más caros del país y el que más amenazas de paros realiza por año.
Se trata de un servicio que en Tucumán se caracteriza por llegar tarde, incumplir las frecuencias, circular con coches viejos, sucios y destartalados; contar con choferes groseros (no todos), y tener una plantilla de empresarios que no cumplen con el rol que debieran, de brindar un buen servicio a la comunidad sino que tratan siempre de sacar ventajas, más sabiendo de que el transporte urbano de pasajeros es de lo más imprescindibles.
Durante el primer mes del año, desde el Concejo Deliberante de la Capital, se avanzó fuerte sobre un proyecto para estatizar el servicio (o sea, que el Estado se haga cargo de prestarlo); pero en el medio surgió una inesperada pelea política entre el municipio capitalino y el gobierno provincial por el destino final del servicio.
Los ediles llevaron el proyecto al gobernador Osvaldo Jaldo y le dieron detalles del mismo tendientes a solucionar definitivamente el problema del transporte. El gobernador entendió que algo hay que hacer con el servicio por lo que encomendó trabajar en el mismo para su pronta implementación.
Al respecto, Fernando Juri, concejal del FdT reconoció que la decisión política está y que ahora sólo falta hacer un replanteo de los costos en cuanto a lo tendría que poner el Estado provincial.
Pataleo en el aire de Alfaro
Curiosamente, y a sabiendas de que el sector de colectivos es pésimo en Tucumán, y que año a año genera muchos inconvenientes, el intendente Germán Alfaro rechazó de cuajo la iniciativa y llevó el tema al plano judicial, invocando la Constitución Provincial, facultades exclusivas del municipio, enumeró artículos y la mar en coche; refirió todo a “atribución y función” propias del municipio para manejar el transporte urbano público y privado de pasajeros.
Pero la realidad saca a relucir su incapacidad para resolver los problemas del servicio, inutilidad que siempre la termina pagando el vecino con subas tarifarias.
Alfaro criticó que también que el proyecto de estatización sólo se circunscriba al servicio de colectivos de la capital provincia y no de toda la provincia. O sea, quedan afuera del proyecto los servicios de colectivos interurbanos que van a Yerba Buena, Banda del Río Salí, Tafí Viejo, etc.
¡Si lo vamos a hacer, lo hagamos bien…!
El genial humorista “el Negro” Alberto Olmedo eternizó la frase: “¡Si lo vamos a hacer, lo hagamos bien!”, en referencia a que para hacer algo había que poner lo mejor de cada uno; y aquí, con el tema del transporte público de pasajeros, no debería haber “medias aguas” ni zozobras, ya que se trata de una necesidad imperiosa de resolver.
El gobierno provincial debe avanzar en la estatización del servicio y abarcar la totalidad de la provincia, no sólo un municipio. Así la mejora será real y palpable.
Tampoco debería seguir concesionando (ni subconcesionando) el servicio a los mismos empresarios o empresas que generaron el actual caos y que hoy dicen que no tienen plata ni para pagar los sueldos a los choferes. ¿Si no pueden administrar nada hoy, por qué si podrán hacerlo mañana? Ah, agarrados de la “teta” del Estado todos pueden ser Galperin.
Como el Banco Provincia
El gobierno debería absorber a los choferes del sector así como se hizo en su momento con los empleados del Banco Provincia, y administrar eficientemente el servicio, con una tarifa justa que permita mantener la prestación sin que ello signifique ampliar el gasto ni la presión fiscal.
El anteproyecto que promueve la estatización del servicio público de pasajeros, mediante la creación de una empresa pública que se haga cargo del servicio, podría representar una erogación mensual de $858 millones a la provincia, o algo así como $10.000 millones anuales. Pero también sería interesante saber cuánto dinero ingresaría por mes ó por año a las arcas del Estado.
En el Gran San Miguel de Tucumán circulan alrededor de 800 ómnibus y, según datos oficiales, la cantidad de viajes en colectivos metropolitanos ronda los 47,9 millones (2019), mientras que el año pasado cayó a 28,3 millones.
Cómo es en Salta el modelo estatal
En Salta el transporte público es responsabilidad del gobierno provincial desde 2005 y no hay conflictos. Dicen que el servicio es muy bueno, que los choferes cobran sin problemas y que no hay paro y el servicio. Además, el precio del pasaje es accesible y los estudiantes viajan gratis. También se dice que el 80% de la flota de colectivos pertenece directamente al Estado. Esto quiere decir que el servicio bien administrado puede ser sostenible y hasta dar ganancias.
En su momento, se le quitó las concesiones a las empresas que manejaban el transporte y se reorganizaron los recorridos en 8 corredores a cargo de 7 empresas. El sistema se impuso “sobre el cadáver de muchas empresas que dejaron sus huesos en el camino”. Los estándares de calidad y el número de vehículos exigidos para acceder a manejar alguno de los corredores funcionó como “barreras contractuales” para muchos empresarios aventureros inescropulosos.
Un servicio, un negocio
En Tucumán actualmente el negocio del transporte estaría en mano de unos 50 empresarios, sector que recibe $146 millones de subsidios por parte de la Nación y $81 millones por parte de la Provincia, todos los meses. Durante 2020, a nivel nacional recibieron $1.824 millones ($152 millones por mes) y por la provincia $972 millones ($81 millones por mes), sumando un total de $2.796 millones en el año. Sin embargo, no les alcanza y ahora pujan por un nuevo aumento del subsidio o un boleto más caro.
El proyecto tucumano establece que una sociedad anónima estatal sería la que se haga cargo de organizar y explotar el servicio, y que a la vez subconcesionaría las líneas y los recorridos. Está claro que no habrá mejoras ni cambio alguno mientras sean las mismas empresas y empresarios los que sigan haciendo el trabajo y participando del emprendimiento. Es una oportunidad única para la política de hacer las cosas bien. No la desaprovechen.