Los médicos acataron una directiva del Sistema Provincial de Salud, que indicaba hacer lo necesario para salvar las dos vidas. La nena de 11 años -violada por el novio de su abuela (actualmente detenido)- se encuentra en buen estado de salud, aliviada, y que su madre está agradecida.
Fuentes oficiales de la provincia de Tucumán habían informado que a una nena de 11 años que estaba embarazada por una violación intrafamiliar se le practicaría una interrupción legal del embarazo (ILE), pero cuando se suponía que eso iba a ocurrir, se avanzó sorpresivamente con la cesárea. Fue porque las autoridades sanitarias de la provincia ordenaron que se hiciera lo necesario para intentar “salvar las dos vidas”.
Los médicos recibieron amenazas
La médica que junto a su esposo, también médico, llevó adelante la intervención, contó que recibieron amenazas, que la nena de 11 años se encuentra en buen estado de salud, aliviada, y que su madre está agradecida.
Cecilia Outsset, ginecólogca, aclaró que ella es objetora de conciencia y contó que nadie quería hacerle la interrupción legal del embarazo a la menor. Por eso los convocaron a ella y a su marido. Dijo que cuando llegaron al hospital, la nena estaba jugando y que la mamá le explicó que ellos eran los médicos que le iban a solucionar el problema.
No podía ser vía vaginal
Le pusieron música. En el quirófano se declararon objetores de conciencia el anestesista, el instrumentador, la enfermera, todos los que estaban allí. “No podíamos dar marcha atrás porque ya le habíamos dicho a la nena que la íbamos a ayudar”, dijo Outsset. Y detalló que la intervención no se podía hacer por vía vaginal, porque el cuerpo de la nena no estaba preparado y porque la menor se encuentra fuertemente traumatizada tras haber sido violada.
El esposo fue quien practicó la microcesárea. “Se sacó un recién nacido vivo, que fue entregado a neonatología. La nena estaba aliviada y la mamá eternamente agradecida. Cuando salimos del quirófano nos esperaba un fiscal del Ministerio Público para pedirnos los datos”, contó la médica.
“Somos el matrimonio abortero”
“Hicimos lo que teníamos que hacer. Soy objetora pero no obstacularizadora. No lo puedo hacer pero estoy a favor del aborto legal, porque los abortos se hacen, sólo que se mueren las pobres. Si no hubiera sido pobre, el aborto se lo podría haber hecho mucho antes. Anoche casi se vulneran de nuevo todos sus derechos. El escarnio público es muy fuerte. Mi marido tiene amenazas de muerte. Nos agredieron. Afuera del hospital estaba lleno de pañuelos celestes. Tuvimos que sacar a nuestros cuatro hijos del colegio católico al que iban. Somos el matrimonio abortero”, expresó la médica.
Contó también que la nena tenía preeclampsia (condición asociada a la hipertensión) y que de ninguna manera hubiera llegado al noveno mes de embarazo. “Queremos que se respeten el derecho de los niños, niñas y adolescentes. La educación tiene que empezar en el colegio”, enfatizó.
Iba a ser aborto
Hasta la noche del martes estaba firme la certeza de que a la menor le realizarían una interrupción legal del embarazo. Era lo que había informado el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) tucumano. Pero finalmente se realizó una cesárea en cumplimiento de una orden que llegó desde ese mismo organismo, que indicó “salvar las dos vidas”. La decisión implicó, a su vez, el incumplimiento del derecho de la víctima a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) descripta en el Código Penal Argentino.
Comunicado del Gobierno provincial
“El Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucuman (SIPROSA), notificó esta noche a la directora del Hospital “Eva Perón”, Dra Elizabeth Avila, que proceda a dar cumplimiento al oficio emitido en el día de la fecha por la jueza civil en Familia y Sucesiones de la Va Nominación, Dra Valeria Judith Brand, el cual consigna que “en atención a la innecesariedad de judicialización” y en función de lo peticionado por la niña y su progenitora y -según el oficio- “ conforme (a la) doctrina pacíficamente aceptada emanada del fallo FAL”, se continúen los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas”.
Indignación de agrupaciones pro-aborto
La noticia generó indignación en distintos organismos de derechos humanos que habían denunciado las múltiples presiones que recibió la nena para continuar el embarazo, lo que demoró al menos un mes la decisión —ahora frustrada— de aplicarle una ILE, y puso a la niña en una situación de enorme vulnerabilidad física y psicológica.
Tucumán es la única provincia del país que no adhirió al protocolo de la ILE y se declaró “provincia Pro Vida”. Tampoco adhirió nunca al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (ley de 2002).