La jefa de la Coalición Cívica presentará hoy en el Congreso un pedido de informes al jefe de Gabinete, Marcos Peña; sugiere que no existen suficientes controles; el radicalismo reclamará a la Casa Rosada reformular la política.
os aumentos de tarifas y su impacto sobre los precios abrieron una honda grieta en el oficialismo, de consecuencias aún imprevisibles. Convencidos de que sus reclamos sobre el tema no son suficientemente escuchados en el Gobierno, la Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió , y el radicalismo decidieron pasar a la acción y esta semana harán presentaciones formales para que se revise la política tarifaria en materia energética.
Carrió irá más lejos: su bloque elevará hoy ante la Cámara de Diputados un proyecto de resolución con preguntas urticantes dirigidas al jefe de Gabinete, Marcos Peña . Como hace ya dos semanas, la socia fundadora de Cambiemos hace punta en el cuestionamiento a los aumentos, sobre todo de los precios de la energía. Pero ahora no solo formalizará sus planteos, sino que en ellos se deslizarán sospechas que pueden golpear zonas sensibles para el propio Mauricio Macri .
Según el borrador del proyecto, detrás de las preguntas de la diputada a Peña se desliza la acusación de que el Gobierno, por acción u omisión, ha beneficiado a empresas cuyos directivos tienen algún tipo de relación con el macrismo. Aunque no se lo menciona en el documento, se sabe que el núcleo íntimo de Carrió apunta al empresario Marcelo Mindlin, el zar de los negocios energéticos, que hace un año adquirió la compañía constructora del primo presidencial Ángelo Calcaterra y cuyo portfolio de negocios es el que más ha engordado durante la gestión macrista. En las cercanías de Carrió lo llaman “el Eskenazi de Macri” (por el empresario que el kirchnerismo hizo propietario y puso a controlar YPF). Un auténtico cortocircuito en la coalición gobernante. La acusación coincide, además, con las que provienen desde los sectores más duros de la oposición.
El eje del proyecto de resolución que lleva la firma de todos los diputados de la Coalición Cívica es explosivo: plantea la sospecha de que las empresas estén sobrefacturando y que por parte del Gobierno y los entes reguladores no se esté controlando debidamente la aplicación de los reajustes.
Los radicales, más orgánicos, tienen previsto llevar a la casa Rosada un proyecto de reformulación de las políticas en este tema, después de los tensos momentos que protagonizó el titular partidario, Alfredo Cornejo, en el almuerzo en la Casa Rosada del que participaron Macri; Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , y el presidente de Diputados, Emilio Monzó, por el Gobierno, y los titulares de los bloques partidarios, Luis Naidenoff y Mario Negri , entre otros radicales.
La formalidad del escrito no atenuará los airados reclamos que llevó la dirigencia de la UCR a la mesa de Balcarce 50, entre los que se pueden encontrar coincidencias de fondo con lo que objeta Carrió. Los radicales sostienen que alrededor de un 30% de las subas tarifarias tiene como destino terminar con juicios hechos por empresas energéticas por los retrasos tarifarios del pasado y no solo llevar el precio a valores de mercado para poner fin a los subsidios que engordan el déficit fiscal.
“Nosotros fuimos claros, mientras le estamos pidiendo sacrificios a la gente y abusamos de la paciencia social con los aumentos de precios y el lento arranque de la economía, no vemos cuál es el esfuerzo que hacen los empresarios amigos del Presidente. No entendemos por qué ellos, que ahora están ganando buena plata, no pueden esperar para cobrar lo que les dejó debiendo el kirchnerismo”, planteó con suspicacia uno de los radicales que participaron de la reunión en la Casa Rosada. La tensión que el tema generó fue tal que si no fuera por el cuidado de las formas que cultivan ambas partes la comida seguramente habría resultado indigesta, aunque el malestar puede tener efecto retardado.
Ruidos también en Pro
Lo más llamativo y novedoso de la situación tal vez sea que Carrió y los radicales no están solos en la cuestión de las tarifas dentro del oficialismo. Sobre todo después de que se conociera el jueves pasado que la inflación de marzo había trepado al 2,3% y que en el primer trimestre ya se había acumulado casi la mitad de la meta de la inflación prevista por el Gobierno a fines del año pasado y que, a esta altura, ya todos dan por incumplible.
En el propio seno de Pro despuntan algunas críticas por el rigor aplicado para llevar a cabo el cronograma de aumentos tarifarios, sobre todo después de que LA NACION divulgara el martes pasado un informe que revela que el pago de servicios se lleva el 20% de los ingresos de las familias de menores recursos. “Es la única meta que hasta ahora cumplimos”, dice, entre la resignación y el enojo, un dirigente macrista con sólida formación económica.
La paciencia social es uno de los signos vitales que monitorean en forma constante en el oficialismo y que por ahora no muestra señales demasiado inquietantes para el Gobierno. Pero tanto Carrió como el radicalismo temen que se abuse de esa tolerancia, sobre todo de su base social principal, que se encuentra en el sector más golpeado por la suba en los servicios, ya que los sectores más bajos de la pirámide cuentan con la ayuda de la tarifa social.
“Nos preocupa que estos muchachos se confíen demasiado en su tecnología para sondear el humor social. Temo que se olviden de que la clase media es la más dinámica. Es la que se raja de tu casa sin avisarte”, dice un veterano dirigente radical curtido en derrotas. Y agrega: “No descartamos que quieran aprovechar ahora para hacer un buen colchón y darle señales al mundo empresario con la idea de aflojar para el año que viene con vistas a las elecciones, el problema es que, si errás el cálculo, podés volcar”.
En el Gobierno el tema es seguido con atención, pero relativizan su importancia. Al menos es lo que reciben los socios de la coalición gobernante y el periodismo. Y por si hicieran falta más señales al respecto, se advierte una renovación del blindaje que protege al inmutable ministro de Energía, Juan José Aranguren.
“No te equivoques, Aranguren no toma ninguna de estas medidas sin el apoyo y el impulso de Macri y sin que esto se hable en la mesa chica del Gobierno”, le advirtió un ministro a este cronista la semana pasada.
En las reuniones con su gabinete y con sus aliados, Macri lo reafirma. “El problema de la Argentina es que a la gente le hicieron creer que se puede tener luz, gas y agua gratis y tiene que aprender que son bienes escasos y costosos y que hay que pagar lo que cuestan”, se le ha escuchado decir al Presidente reiteradamente.
Algo similar fue lo que le retrucó a Cornejo cuando el radical cuestionó la política tarifaria. El gobernador mendocino había arrancado su encendida crítica con referencias a las demandas que recibe en su provincia, cuya economía está complicada por el atraso cambiario y el costo de la energía, que afecta a la producción agroindustrial. Macri ya había sido inflexible cuando visitó Mendoza y los viñateros reclamaron por las tarifas eléctricas: los despachó con la recomendación de que modifiquen la alimentación de los sistemas de riego. El ingeniero siempre le gana al político.
fuente: lanación