Desde Aetat vuelven a insistir en un nuevo incremento en las tarifas argumentando los altos niveles inflacionarios.
Los concejales de San Miguel de Tucumán tendrán una sesión extraordinaria este martes, para debatir la declaración de emergencia ambiental en San Miguel de Tucumán. Sin embargo, de refilón, en el cuerpo municipal avanzan con el tratamiento de otro servicio clave para los vecinos: el colectivo.
El viernes pasado, la comisión de Transporte comenzó a trabajar sobre la base del pedido de aumento en la tarifa que había formulado tres días antes la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT).
Si bien los ediles no resolvieron aún si otorgarán una nueva suba en el boleto -la última actualización data de la primera semana de diciembre, cuando el mínimo pasó de $120 a $230-, lo concreto es que dieron un primer paso para determinar si corresponde hacer lugar al reajuste, al enviar un pedido de informes a las áreas pertinentes de la Intendencia para requerir un análisis técnico sobre -entre otros puntos- los costos del servicio de ómnibus.
De esta manera, según explicaron fuentes del Concejo, la discusión sobre el boleto no estará presente en la próxima sesión, y más allá de los argumentos de los empresarios, tampoco está resuelto que esta cuestión llegue al recinto en febrero.
Crisis en el transporte público
AETAT ingresó el expediente vía mesa de entradas del Concejo la semana pasada, adjuntando un estudio de costos en el cual se estimó un valor superior a los $840 por viaje; por ello, se requirió un valor de al menos $700, en línea con los parámetros establecidos por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).
La entidad presidida por Daniel Orell sostiene hace tiempo que el sector afronta una crisis de largo arrastre. De hecho, la ley de emergencia en transporte, que habilita el aporte de subsidios provinciales a las firmas prestatarias, rige desde 2017. Y a esto se suma el acuerdo reciente celebrado con el gobernador, Osvaldo Jaldo, quien dispuso un “plan de salvataje” durante 90 días, luego de que las compañías implementaran reducciones de servicios en la Capital, y suspensiones y cesantías entre el personal.
De todos modos, los empresarios aseguran que el panorama asoma muy complicado. Y mencionan tres factores como los principales agravantes.
El primero es la inflación. En Aetat afirman que los ingresos diarios no generan los fondos necesarios para cubrir los costos operativos (gasoil y otros insumos); mucho menos para renovar las unidades o ponerlas a punto de cara al inicio de clases.
Otro aspecto que preocupa en Aetat es el curso que están tomando las paritarias entre la federación nacional de empresarios del interior (la Fatap) y la Unión de Tranviarios Automotor (UTA). En las reuniones celebradas ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, el gremio de los choferes solicitó un incremento del 22% sobre lo acordado para diciembre (retroactivo); y un 27% para enero; y un 33% para febrero (ambos con carácter acumulativo).
El tercer elemento que mencionan entre los empresarios es la cuestión de las compensaciones nacionales. Sin actualizaciones en los fondos previstos por la Nación para los distritos del interior, la Fatap emitió un comunicado en el que advertía sobre la necesidad de alcanzar “una tarifa base” de $700 para las provincias, a fin de “evitar que nuestro sector desaparezca definitivamente”. Desde entonces, en distintas jurisdicciones se avanzó con incrementos (por ejemplo, Salta pasó de $110 a $290, y se acordó que en marzo llegará a $490). En Tucumán, si bien el último aumento comenzó a regir en la primera semana de diciembre, en Aetat alegan que ya fue absorbido por la inflación.
Ahora, el objetivo de los concejales es avanzar en el recinto con la declaración de emergencia ambiental. Luego, se espera que, en el marco de las consultas entre el presidente del cuerpo municipal, Fernando Juri, y la intendenta Rossana Chahla, se defina el curso que se le dará al planteo de la entidad empresaria para actualizar el valor del pasaje.