Hasta la medianoche de este martes, las empresas distribuidoras y transportistas de gas tienen tiempo de presentar ante el Enargas, el ente que regula el servicio, las propuestas de aumentos tarifarios que cada una cree que debería recibir para ser analizadas en la audiencia pública que se llevará a cabo el 19 de este mes.
La idea del Gobierno es aplicar los incrementos en la primera semana de marzo, antes de que lleguen las noches frías y el consumo de gas empiece a crecer.
Según un sondeo, las compañías pedirán incrementos de entre 50 y 100% para compensar la inflación de los últimos dos años. Los segmentos de distribución y transporte explican entre los dos un 35% del precio total de la boleta de gas.
Por lo tanto, el impacto en la tarifa final sería menor, de hasta un 30%.
El componente de distribución, donde se destacan las empresas Metrogas, Naturgy y Camuzzi, tiene un peso de 24% sobre el precio final de las boletas. Las compañías tuvieron un alza de alrededor de 26% en abril pasado, que explicó el aumento promedio de 6% en las tarifas de gas (casi 8% en el área metropolitana). Esa suba, sin embargo, no compensa para las empresas la inflación que hubo entre abril de 2019 y la actualidad, que fue de más de 100%.
“Vamos a pedir una actualización más cercana al 100%, que es la variación de inflación que hubo como mínimo en 2020 y 2021. Estará lejos del 30 o 50% que según trascendió pretenden darnos”, dijeron en una de las distribuidoras, aludiendo a una nota publicada en el portal Econojournal, en la cual se hacía referencia a una reunión que el titular del Enargas, Federico Bernal, tuvo con las empresas en la localidad de Pilar, donde les habló de un incremento de 30%.
“Nos parece corto 30%”, dijeron en otra de las distribuidoras. “Tampoco sabemos si ese 30% incluye el aumento de los transportistas también o sería solo para distribución. En cualquiera de los dos casos parece poco”, agregaron.
En el último incremento tarifario de gas, las empresas transportistas, segmento donde operan TGN y TGS, no tuvieron actualización de ingresos. Para estas compañías, las tarifas están sin modificación desde abril de 2019. El sector de transporte tiene un peso de 11% en el costo final de las boletas.
La semana pasada, el secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó que las tarifas de gas y electricidad aumentarán 20% en las facturas de energía eléctrica y gas para la generalidad de los usuarios. “En nuestro gobierno, las correcciones tarifarias siempre serán menores que los aumentos de los salarios de las y los trabajadores, de las jubilaciones, de la AUH y las asignaciones familiares”, dijo el funcionario en Twitter.
El Gobierno no aclaró, sin embargo, cuánto se ahorrará en gasto en subsidios con este incremento ni cuál será la actualización de ingresos que tendrán las empresas. Para este año, se espera que el congelamiento tarifario le cueste al Estado alrededor de US$10.000 millones, lo que equivale a más de 2,2% del PBI.
Para determinar si habrá algún ahorro en las cuentas fiscales será determinante definir si también se actualizará el precio que pagan los usuarios residenciales por el gas en sí, que explica la mitad del costo total de las tarifas. En la actualidad, los usuarios cubren con sus boletas aproximadamente el 55% de lo que cuesta la producción de gas, mientras que el Estado aporta el resto con subsidios.
Las productoras (YPF, Total, Tecpetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, entre otras) reciben en promedio un precio de US$3,5 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), según se acordó en el último plan gas que licitó la Secretaría de Energía. De ese valor, los usuarios residenciales pagan US$1,9 el millón de BTU con sus tarifas y el Tesoro aporta la diferencia. A medida que se devalúa la moneda, lo que recauda en pesos el Gobierno alcanza para cubrir menos del costo de producción, que está dolarizado.
Para definir un incremento de este valor, la Secretaría de Energía debería llamar a otra audiencia pública en paralelo a la que convocó el Enargas para transporte y distribución. El año pasado, el área que conduce Martínez hizo el llamado y presentó un informe en el cual decía que era conveniente aplicar una suba de hasta 35% para reducir los subsidios. Sin embargo, ante el rechazo de los funcionarios cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, se decidió no tocar ese segmento.
En el caso de las tarifas de luz, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) todavía no convocó a una audiencia pública para definir los incrementos de transporte y distribución.
La Secretaría de Energía tampoco definió los nuevos valores de la generación eléctrica.
fuente: lanacion