Por primera vez desde que asumió como gobernador, Osvaldo Jaldo recibió a la plana mayor de la Policía en la Casa de Gobierno. El titular de la fuerza, Joaquín Girveau, le mostró los números de los 11 primeros días de gestión (del 1 al 11 de noviembre). La cifra más impactante fue la cantidad de detenidos: 890. De ese número, menos de la tercera parte (210) fueron por haber cometido algún tipo de delito, mientras que el resto terminaron privados de su libertad por contravenciones (680).
“El Gobernador los quiso conocer, saber en qué estaban trabajando y cómo llevábamos el comienzo de esta gestión; se explicó el trabajo que se viene realizando”, señaló el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa.
La mayoría de los arrestos se concretaron en operativos que se desarrollaron en toda la provincia. Pero los resultados más importantes se registraron en barrios como Villa 9 de Julio, La Costanera, San Cayetano y Manantial Sur. “Desde un primer momento dijimos que nuestro objetivo es marcar presencia territorial en las zonas más conflictivas. Eso fue lo que hicimos en estos días”, explicó Girveau en una entrevista. “No hay ‘escobita’ nueva; es la nueva estrategia con la que queremos recuperar las calles”, añadió.
Hay opiniones encontradas sobre este tipo de operativos. Por un lado, los vecinos se mostraron complacidos por la mayor presencia policial en la zona. “Finalmente comenzaron a recorrer esta zona. Ya no andan los infelices buscando a quién robar. El jueves por la noche andaba a las corridas porque un móvil del 911 los perseguía”, indicó María Laura Fuentes, de San Cayetano. “En el barrio ya no se podía dormir. Todas las noches el changuerío se juntaba a tomar y a drogarse en las esquinas. Este fin de semana no hubo ni uno”, reconoció Juan Gutiérrez, domiciliado en Villa 9 de Julio, según publica La Gaceta.
En la otra vereda se encuentran abogados penalistas que sostienen que la fuerza está transitando por la delgada línea que separa lo legal de lo ilegal. “Con los números referenciados, evidentemente no se viene la mano dura, sino que ya está instalada”, opinó Aníbal Paz. “No puedo decir si esto es bueno o malo, pero sí quiero dejar en claro que las contravenciones fueron declaradas inconstitucionales. Es una prueba de que el Gobierno quiere proteger a los ciudadanos, pero no por ello debe vulnerar los derechos de los individuos”, destacó.
Su colega José del Río aclaró: “estamos en tiempos electorales. Este tipo de redadas son procedimientos inconstitucionales por violar diversas garantías. No tengo dudas de que está conectado con el contexto de las elecciones. Luego habrá que ver qué ocurre”, explicó.
“La sociedad debe saber que la Policía va actuar firme, en el marco de la ley, y que perseguirá a los delincuentes con medidas judiciales. Nuestra lucha es contra el delincuente. Agradezco infinitamente al Poder Judicial que nos está acompañando en esta tarea”, añadió Girveau.
La plana mayor también le detalló al gobernador Jaldo los resultados conseguidos con los operativos por la ley de Narcomenudeo. Según las estadísticas a las que tuvo acceso LA GACETA, en los 11 primeros días de gestión, se realizaron 60 procedimientos donde se secuestraron drogas en la que se detuvo a 55 personas (45 hombres y 10 mujeres). De esas medidas, sólo 21 fueron realizadas con autorización judicial. Las otras fueron realizadas en flagrancia, es decir, descubrieron personas vendiendo drogas en la vía pública.
El abogado Mariano Arcas sostuvo que esos números reflejan lo que está sucediendo en las calles. “Que solo haya 21 procedimientos surgidos de una investigación es todo un tema. El objeto de esta norma es dar con las organizaciones, no con los simples vendedores. Habla también de que no hay una colaboración con la Justicia Federal para perseguir a las grandes bandas”, sostuvo.
“Creo que la flagrancia en general estaría afectando más al consumidor, que es el último eslabón de la cadena. Ahora si hablamos de los allanamientos a casas y quioscos, esas medidas deben llevar una investigación y datos medianamente certeros para que un juez los ordene”, analizó el penalista Marcelo Cisneros.
Según la información dada a conocer, en todos estos procedimientos se secuestraron 3.456 dosis de cocaína, 4.224 de marihuana y 407 pastillas. Esa cantidad de droga, en las calles tendría un valor de más de $4 millones, teniendo en cuenta que los valores de las dosis en promedios son de “merca” $600, cannabis $500 y cada psicofármaco $200.
También informaron que secuestraron 1.865 plantas de marihuana con la que se podría haber producido más de 4.665 kilos de esa sustancia. Además, decomisaron poco más de $600.000 en efectivo.
Girveau aclaró que “la orden del gobernador Jaldo es que mantengamos una lucha frontal contra el que venda droga”. “Ese delincuente que está enquistado y se cree el dueño del barrio, debe saber que la Policía no va esperar que salga a delinquir; lo vamos a ir a buscar. Así fueron estos días por eso son los resultados positivos que estamos teniendo”, finalizó.