La crispación de las familias y las pequeñas empresas por los aumentos en las boletas de gas es entendible. Pero no hay que perder de vista que el problema se generó como consecuencia de un perverso esquema de manipulación de las tarifas que exacerbó el consumo y destruyó la capacidad de producción gasífera. De esta crisis no se sale promoviendo intervenciones oportunistas del Poder Judicial sino con reglas que incentiven la producción y moderen el consumo.
Los aumentos en las tarifas de gas han provocado encendidos reclamos por parte de las familias y las pequeñas empresas. El rechazo se potencia no solo por la magnitud de los incrementos sino porque coinciden con la llegada temprana del clima frío, el deterioro de las remuneraciones reales a raíz de la aceleración inflacionaria y el estancamiento en el nivel de la actividad económica.
Algunos usuarios hicieron presentaciones judiciales que, en general, fueron receptadas positivamente. A través de medidas cautelares en diferentes instancias judiciales se llegó a declarar la nulidad de la aplicación del nuevo cuadro tarifario. Esto ha generado un clima de incertidumbre que justifica evaluar si las decisiones judiciales tienen fundamento técnico o son meras reacciones oportunistas.
Para echar luz sobre la situación en la que se encuentra el país en materia de gas sirve apelar a los datos de producción de este recurso energético. Según el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas se observa que:
* Entre los años 1990 y 2004 la producción de gas aumentó de 23 a 52 mil millones de metros cúbicos anuales.
* Entre los años 2004 y 2015 se redujo de 52 a 43 mil millones de metros cúbicos anuales.
* El nivel de producción de gas actual es similar al que había en el año 1999.
Estos datos muestran que entre los años 1990 y el 2004 la producción de gas se duplicó, mientras que entre los años 2004 y 2015 se contrajo en casi un 20%. Semejante involución llevó a que actualmente se produzca un nivel equivalente a hace 16 años atrás, cuando la población y la actividad económica eran mucho menor. Esto da una idea de la escasa disponibilidad de gas para el consumo de las familias y las empresas.
La caída en la producción de gas se explica por la irracional política tarifaría que se aplicó en los últimos años. El congelamiento de precios en un entorno de alta inflación desalentó inversiones induciendo una fuerte caída de la producción. En paralelo, el consumo no sólo aumentó al ritmo del crecimiento demográfico sino que fue artificialmente exacerbado debido a que familias y empresas tomaron decisiones asumiendo que el gas era casi gratis. Al insistir tozudamente en mantener los precios ridículamente bajos se llevó el consumo de gas a niveles muy superiores a la cada vez más reducida producción.
El esquema resultó tan destructivo en el aspecto productivo como regresivo en lo social. Mientras las familias de clase media y alta, que son las que mayoritariamente tienen conexión a gas de red, disfrutaron durante más de una década de precios irrisorios, las más humildes (especialmente las que viven en el interior del país) son obligadas a asumir costos más alineados con la realidad calefaccionando con garrafas o leñas. Se trata de una monumental transferencia de ingresos a favor de las familias más acomodadas a costa de destruir la producción gasífera. Por eso, organizar marchas y planteos judiciales contra el “tarifazo” en nombre de los sectores más vulnerables es de una hipocresía análoga a bregar por una sociedad más inclusiva y estar en contra del impuesto a las ganancias.
Es lógico el enojo de las familias y las empresas a las que se les aumentó bruscamente el costo del servicio cuando durante una década estuvo distorsionado. Máxime cuando el ajuste tarifario estuvo teñido de improvisación y falta de transparencia. Pero esto no justifica bregar por sostener una política destructiva. Si aumenta el consumo y se reduce la producción el resultado es el desabastecimiento. El testimonio más crudo es Venezuela. Por eso, así como es muy criticable que la Justicia reaccione recién ahora ante groseros actos de corrupción ocurridos hace varios años, es igualmente censurable que dicte fallos para mantener una política tarifaria que desde hace una década viene destruyendo la producción gasífera y discriminando a las familias más humildes.
Fuente: IDESA