Son territorios que estaban en manos de privados o del Estado y que los indígenas consideran lugares sagrados.
Más allá de la disputa por el predio de Villa Mascardi, donde el joven Rafael Nahuel murió baleado por un prefecto la semana pasada, las comunidades mapuches de Río Negro, Chubut y Neuquén vienen sosteniendo un silencioso proceso de retorno a territorios que consideran propios. En los últimos 15 años, según datos de organizaciones civiles, los gobiernos provinciales y confederaciones indígenas del Sur, han ocupado y logrado permanecer legalmente en más de 300 mil hectáreas de la Patagonia.
Fueron en la mayoría de los casos ocupaciones sin violencia de campos privados y tierra fiscal. Se hicieron siguiendo los mecanismos que establecen diferentes leyes y convenios, como el 169 de la OIT al que adhiere el país y que crea para el Estado la obligación de atender los reclamos indígenas de uso de la tierra y recursos naturales. En el borde de la estepa chubutense, la historia más resonante, incluso a nivel internacional, es la de la comunidad Santa Rosa, integrada por Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco. Desde el 2005, el matrimonio permanece en lo que consideran el territorio de sus ancestros: un área de 625 hectáreas cuyo dueño, en los papeles, es el grupo italiano Benetton, máximo terrateniente austral.
Otro caso paradigmático es el de la comunidad Mariano Solo, en Ingeniero Jacobacci. En enero de 2005, unas 30 familias ingresaron a un campo privado de 25.000 hectáreas al que reivindican como “territorio ancestral”. Según los mapuches, fue la recuperación de tierras más importante en la historia de Río Negro. Casos similares se replican en Vaca Muerta, Loma de la Lata, Villa La Angostura, con comunidades mapuches asentadas -y reconocidas por el Estado- sobre áreas de desarrollo turístico o de extracción petrolera de la provincia de Neuquén.
Más al sur, a 8 kilómetros de Bariloche, la comunidad Ranquehue ocupa 537 hectáreas del Ejército. Fueron desalojados varias veces y les llegaron a dinamitar las viviendas. Pero regresaron una y otra vez, por pura persistencia, hasta que lograron quedar bajo el amparo de la ley de emergencia indígena 26.160.
Se trata de la normativa que impide los desalojos en los casos de posesiones previas a la sanción. Desde 2006, esa misma ley, que acaba de ser prorrogada por cuatro años tras los hechos trágicos del caso Maldonado, obliga al Gobierno a realizar un censo de comunidades para definir, entre otras cosas, si corresponde o no la presencia en los sitios que reclaman.Ese relevamiento es una posible llave para cerrar los cientos de conflictos en tensión que existen en el sur, incluido el del Pu Lof Winkul Mapu(ver pag. 54). Hace cinco años, un informe de la Auditoría General de la Nación reveló que durante el kirchnerismo se malgastaron más de 70 millones de pesos destinados al censo. Nadie sabe a dónde fue ese dinero.
Mientras tanto, los retornos de comunidades a la tierra continuaron. En silencio: sin ser noticia. “Sólo entre Bariloche y Bolsón tenemos de 20 a 25 -plantea el abogado indigenista Darío Rodríguez Duch, que llevó adelante varios de estos procesos-. Cuando las comunidades siguen un orden jurídico, primero presentan un amparo, luego notifican al Estado y recién cuando agotan varias instancias sin respuesta avanzan al territorio. Es clave que no rompan nada, que no ocasionen daños para poder seguir adelante con el proceso reivindicatorio y enfrentar las denuncias que reciben por usurpación. Los grupos que exhiben criterios guerreros, no dialoguistas, en cambio, son una novedad. Le hacen daño al colectivo mapuche, que es pacífico”.
El experto no lo dice, pero se refiere a la irrupción de Facundo Jones Huala en la escena nacional y a la organización a la que él mismo, preso y a punto de ser extraditado a Chile, dice pertenecer: la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), denunciada por casi 70 casos de ataques y atentados contra la propiedad. Para los mismos indígenas, se trata de un grupo radicalizado y menor, aunque no por eso incapaz de generar caos. “Hace 15 años la OEA advirtió que en 2020 estallarían estas situaciones en Argentina; no es sorprendente para los que están en tema”, aporta Duch.
“En Neuquén, 150 mil hectáreas recuperadas y reconocidas por la Justicia”, explica Jorge Nahuel, referente de la Confederación Mapuche, uno de los organismos que mejor trabaja los procesos de reclamo. “Por eso digo que no entiendo como, existiendo todo un mecanismo legal para hacer los reclamos por vías administrativas y judiciales, se terminan haciendo acciones directas sobre los territorios que luego desencadenan una respuesta represiva por parte del Estado”, agrega Nahuel.
Dice que en todas estas recuperaciones, los tribunales terminaron reconociendo su derecho a permanecer, aún en zonas como el yacimiento Vaca Muerta, que casi en su totalidad, según la mirada mapuche, representa un territorio sagrado. “Vaca Muerta puede ser la gran oportunidad de desarrollo para los mapuches o una puerta para la violencia. Está todo por verse”, reflexiona Nahuel.
En Chubut, los números son más fuertes. Desde 1974 se regularizaron 327 mil hectáreas de aborígenes: 110 mil entre 2003 y 2011, según datos del Instituto Autárquico de la Colonización, organismo que tiene la cuestión de las tierras bajo su órbita.
Pero falta una pregunta: ¿Cuántos mapuches hay en la Argentina? 106.000, según datos del censo 2010 (en Chile, más de un millón). ¿Dónde están? Su presencia llega hasta la provincia de Buenos Aires.Pero en la zona de concentración, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoce en Río Negro 86 comunidades. La confederación mapuche habla de 64 en Neuquén. En los registros públicos de Chubut hay 110, la mayoría al pie de los Andes.
Fuente: Clarín