La mayoría automática con la que cuenta el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, dio vía libre a proyectos inmobiliarios millonarios, que no cumplirían con todos los requisitos de las normativas vigentes. Las polémicas se despiertan con countries, edificios en altura y centros con locales comerciales.
Los ediles que responden al intendente Mariano Campero, mostraron gran apuro por dar vía libre a proyectos inmobiliarios de envergadura. En esa celeridad que se notó bastante en la última sesión de la semana pasada, se aprobó un mega barrio -calculan que tendrá cientos de lotes- que lleva adelante la compañía azucarera Justiniano Frías.
Se trata justamente del denominado barrio “El Portillo”, que en consideración de los concejales oficialistas se ajusta a las normativas vigentes, aunque no cuente con el apto y las factibilidades de las empresas de servicios con los que debe contar cualquier complejo habitacional (energía eléctrica, gas natural y cloacas).
A pesar de las advertencias formuladas por el concejal Benjamín Zelaya, al respecto, sus pares camperistas Héctor “Pilón” Aguirre, Walter Aráoz, José Macome, Javier Jantus, Rodolfo Aranda y Marcelo Rojas, votaron a favor de la aprobación argumentando que era factible, que responde al Código de Planeamiento Urbano y que ese emprendimiento contribuirá al desarrollo sostenible. Señalaron que se abrirán calles perimetrales y una nueva arteria hacia el Este de la ciudad.
Los ediles que responden a Campero valoraron, además, que los lotes frentistas hayan sido planteados como abiertos, para evitar los cercos en la vía pública. De prosperar, “El Portillo” se hará en la zona del loteo El Bernel, en la localidad de San José. Sin embargo, de acuerdo al expediente que circula en el Concejo, el desarrollista -al igual que otros- todavía debe presentar las factibilidades actualizadas de las empresas proveedoras de los servicios de energía, gas, agua y cloacas. Incluso, le requirieron la constancia de Aptitud Ambiental, que emite la Dirección de Medio Ambiente, y el proyecto de desagües pluviales, que entrega la Dirección Provincial del Agua.
La falta de estos aptos despertó sospechas en Zelaya, quien hizo oír sus objecciones. “Estas factibilidades son una obligación para quienes lotean. Así lo establece la legislación provincial. En este caso, parece que a esas obligaciones se las están pasando por alto”, espetó. Luego, mostró documentación que probaría que al padrón en cuestión (número 776602) ya se le había aprobado, durante la administración municipal anterior, un proyecto parecido. “¿Habrá dos ordenanzas sobre una misma fracción? ¿Cuál valdría”?, indagó.
Por lo pronto la gestión de Mariano Campero parece dispuesta a realizar concesiones especiales, al igual que lo que ocurrió con las torres de la empresa Alperovich Group o con el emprendimiento Praderas, del cual nos referimos en una investigación anterior.