“Los 70”, el nuevo libro del periodista Ceferino Reato, brinda cifras reales sobre los muertos del terrorismo -de Estado y subversivo-. El autor dice que es improbable que se llegue a la cifra de 30.000, a la que todavía se aferran los organismos de derechos humanos y la mayoría de los dirigentes políticos de la izquierda y el kirchnerismo.
Los números no mienten
Los 70 fueron una orgía de pasiones e ideales, pero también de sangre y muerte; tanto que se pueden expresar en números, ciertamente dolorosos: fueron 7300 las víctimas de la última dictadura y 1094 los muertos de los grupos guerrilleros, según los últimos registros.
En el caso de las víctimas de la dictadura, esos registros son públicos: fueron elaborados y revisados por el Estado en 1984, 2006 y 2015, que, lógicamente, los recuerda en monumentos; sus herederos fueron indemnizados y sus victimarios han sido juzgados y, en general, condenados.
Dado el tiempo transcurrido, es improbable que se llegue a la cifra de 30.000 a la que todavía se aferran los organismos de derechos humanos y políticos de la izquierda.
Muchos de esos dirigentes políticos no solo defienden ese número: también amenazan con una ley que meta en prisión a quienes no lo repitan en público por el presunto delito de “negacionismo”.
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Los del otro bando
Los muertos de las guerrillas, en cambio, no fueron contados por ningún gobierno de la democracia; no hay monumento que los recuerde; sus parientes no fueron indemnizados y sus victimarios no han sido juzgados porque no se considera que hayan cometido crímenes de lesa humanidad; es decir, que ya prescribieron.
La dictadura militar
Un registro único
La fuente es inmejorable: el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), elaborado en septiembre de 2015 y publicado por la secretaría de Derechos Humanos tres meses después, unos días antes del final del segundo mandato de la presidenta Cristina Kirchner.
El número es similar a la que ya había registrado el Estado en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, que revisó el Nunca Más, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
En realidad, el kirchnerismo no solo volvió a contar las víctimas de la dictadura, en 2006 y 2015, sino que también fue estirando el concepto original; de esta manera, abarcó otros 1500 nuevos casos, muchos de ellos muy polémicos, cuyos parientes pudieron cobrar la indemnización prevista por la ley.
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No son víctimas de la dictadura, como era el propósito de la Conadep, sino de gobiernos anteriores.
En silencio, sutilmente, el concepto de víctimas del terrorismo de Estado fue estirado para incluir a todos los caídos en la lucha por la liberación o la Revolución —a los “combatientes”—; no importa cuándo, ni cómo ni dónde murieron.
La modificación les permitió trascender los límites del gobierno militar, y extender los listados hacia atrás, primero a 1969; luego, a 1966, y por último, a 1955.
Los muertos invisibles
Por el contrario, los muertos de los grupos guerrilleros se mantienen invisibles para los gobiernos, el Congreso y el Poder Judicial. Invisibles también para la mayoría de los medios de comunicación y de los periodistas.
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Hasta que llegue, algún día, una lista del Estado, se cuenta con algunos pocos registros privados. El más completo fue realizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) —su presidenta es la abogada y escritora Victoria Villarruel— que durante más de tres años analizó información publicada por cuatro diarios nacionales y diversos libros, así como revistas de los grupos guerrilleros.
El periodo analizado fue acotado a once años —del 1° de enero de 1969 al 31 de diciembre de 1979— por una cuestión metodológica.
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Uno de los atentados de Montoneros en la década del 70: la Operación Gardel, que derribó un avión que llevaba 114 gendarmes a bordoMuertos en las calles
No están incluidos los militares y policías que cayeron en tiroteos en la calle o en el ataque a cuarteles y comisarías. Por ejemplo, no cuentan los muertos en la defensa del cuartel de Formosa, en 1975.
Aún con este recorte, el número de víctimas de la “población civil” es de 1094 muertos, 2368 heridos y 758 secuestrados.
Para tener una dimensión de estas cifras, se puede recordar que la organización terrorista vasca ETA mató a 864 personas, pero en cincuenta años, entre 1961 y 2011. En la quinta parte de ese tiempo, Montoneros, el ERP y otros grupos menores liquidaron a 230 personas más.
Los números tienen algo esencial, que permite revelar la verdad y eludir la manipulación política: no mienten.
fuente: infobae