La Justicia clausuró un bar en Recoleta y procesó a sus dueños por obligar a las empleadas a prostituírse. En los últimos 10 años, el local ubicado en la calle Vicente López 2229, cambió varias veces de nombre. Ahora, figuraba como Stavros y ya había sido señalado por la Fundación La Alameda.
“Lo denunciamos en 2012, junto con un conjunto de narcoprostíbulos disfrazados como bares”, explicó en Arriba Argentinos Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda y detalló que se sabe “que además de trata hay venta de estupefacientes” pero que están protegidos por una connivencia policial y de los funcionarios que tienen que controlar. De hecho, Stavros funcionaba a sólo tres cuadras del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La secuencia es siempre la misma. “Hay una denuncia, se hace un allanamiento y cuando pasa la exposición mediática, vuelven a abrir”. En este caso, la causa se inició en marzo, tras la denuncia de la madre de una de las víctimas que afirmó que el trabajo de su hija “consistía en atraer clientes para sacarles tragos pero que con el tiempo [el dueño] le sugirió que ofreciera servicios sexuales a los clientes”.
Vera sostuvo que para este delito captan chicas “en situación de vulnerabilidad social o afectiva” para después someterlas y explotarlas sexualmente. Las penas para la trata de personas pueden alcanzar hasta los 8 años de cárcel y pueden tener agravantes.