La Justicia determinó que fue un atentado organizado para encubrir el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, uno de los mayores escándalos de la era menemista.
Al menos en los dichos, el gobierno nacional dijo que pagará las indemnizaciones por daño moral a unas 10.000 personas afectadas por las explosiones, hace 22 años, de Río Tercero. Sin embargo, no retiró todavía de la Justicia el borrador de decreto reglamentario que envió para explicar quiénes la podrían percibir. Y que en los hechos deja fuera a casi todos.
El tema puso a todo el arco político cordobés (incluido Cambiemos) en la vereda del frente de la administración nacional. Después de las reacciones del gobernador Juan Schiaretti y el pedido unánime de la Legislatura unicameral de que se pagaran las indemnizaciones, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, se reunió con el legislador provincial Adolfo Somoza del Frente Cívico y le dijo que lo enviado al tribunal “solo fue un borrador y que fue utilizado maliciosamente y con clara intencionalidad política por diversos actores”.
El 3 de noviembre de 1995 se inició el fuego en un tambor de trotyl en la planta de cargas de la Fábrica Militar de Río Tercero. Minutos después fueron 20 las explosiones que volaron los depósitos de expedición y suministros y dejó a la ciudad cubierta de esquirla y latones. Murieron siete personas, hubo 300 heridos y decenas de casas resultaron destruidas.
La Justicia determinó que fue un atentado organizado para encubrir el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, uno de los mayores escándalos de la era menemista. Los condenados, hasta ahora, no incluyen a los responsables políticos.
Entre 1996 y 1999 el Estado pagó por vía administrativa resarcimientos a cientos de personas por daños materiales y a las familias de los siete muertos. Aparte, hay 10.000 demandas por daño moral y psicológico que gestiona el abogado Mario Ponce, que en el 2005 denunció al Estado argentino ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos por no dar respuestas a esa gente.
En 2007 el Gobierno -en el marco de una audiencia de conciliación- ofreció una ley de indemnizaciones similar a la que se usó para el atentado contra la AMIA. A cambio pidió suspender los procesos de la causa que está dividida en unos 5000 expedientes.
El primer proyecto de ley lo envió el Poder Ejecutivo al Congreso en 2009. Dos años después perdió estado parlamentario porque no se trató. En 2012 el kirchnerista Wado De Pedro presentó otro, que se aprobó por unanimidad en Diputados y en el Senado y se promulgó en 2015. Pero nunca se reglamentó. Allí se recoge una fórmula de cálculo que, a hoy, implicaría una indemnización de unos $150.000 para cada demandante.
“La clave está en la reglamentación que debe indicar a dónde se deben presentar los certificados que demuestran, como lo establece la ley, que la acción judicial está vigente. A inicios de 2016 el entonces ministro Julio Martínez prometió una reglamentación urgente. Como el año pasó sin novedades interpusimos un amparo”, explicó Ponce a LA NACION.
El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, a cargo de la causa hizo lugar al pedido y estableció un plazo de 60 días para la reglamentación. La sentencia queda firme al cabo del proceso de apelación.
La reacción política
A pesar de todo, el 2017 transcurrió sin reglamentación. El mes pasado, nuevamente convocado por Ochoa, el Estado se presentó para presentar un “borrador” de decreto, que es el que ahora no se usaría. Establece que pagará a los titulares de causas que “fueron instadas en los seis meses previos la sanción de la ley” y se indica que se deben pagar honorarios a peritos (lo que no está en la ley).
“De aprobarse nadie cobraría porque por el acuerdo de suspender el proceso ningún expediente cumple esa exigencia. El Ejecutivo hace trampa y, además, legisla sobre el Código de Procedimiento -añadió Ponce-. Llevamos 22 años de promesas e incumplimientos, unas 3000 personas murieron. Una vergüenza; se acudió a la Justicia para mantener viva lo que es una causa social”.
Schiaretti, de excelente vínculo con el presidente Mauricio Macri, consideró “injusto” que por un decreto no se paguen las indemnizaciones. “Son un derecho de la gente que sufrió las explosiones de Río Tercero. Hay fallos de la Justicia en relación con eso”.
Además, por unanimidad de todos los legisladores cordobeses (incluyendo los de Cambiemos), aprobaron una declaración pidiendo a la Nación que cumpla con el pago de las indemnizaciones.
Los legisladores plantearon que “acompañan” a la comunidad de Río Tercero en su reclamo por una “justa reparación de los daños materiales, morales, psíquicos y físicos ocasionados por las explosiones” y manifiestan su “anhelo” de que el Ejecutivo genere una propuesta que “contenga a todas las víctimas de aquellos trágicos sucesos”.