Bolsos, valijas, bóvedas y cajas fuertes. Cuentas, cheques y sociedades off shore: los argentinos llenaron sus ojos hasta el empalago con el resultado de las cuantiosas fuentes de corrupción explotadas en los gobiernos kirchneristas. Pero aún queda mucho por saber sobre su génesis, y cómo se asaltó al Estado para expoliarlo hasta el último día. El arrepentido de “la ruta del dinero K”, Leonardo Fariña, ampliará esta semana su declaración indagatoria ante el juez Casanello, con información precisa y asombrosa sobre el monumental sistema montado para robar con la obra pública.
Fariña comienza con dos datos clave que permitieron montar “el club de la obra pública”: tomando como prototipo el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Santa Cruz -que no sólo construía casas sino que concentraba toda la obra pública provincial con muy pocos controles externos debido a su autarquía administrativa-, se logró que en el ministerio de Planificación Federal que comandaba Julio De Vido “todas las áreas aportarían a la recaudación y trabajarían en conjunto al mando del difunto ex presidente y luego de la doctora Fernández.”
El otro cambio clave fue la modificación de la ley 13.064 de Obras Públicas, que hasta entonces permitía en los grandes proyectos un “acopio de materiales” anticipado, para poder congelar el precio de ciertos insumos. La innovación K fue reemplazar “acopio” por “anticipos financieros”. Así, “al momento de firmarse el contrato, se le adelanta al contratista un pago inmediato de entre el 10% y el 20% del valor del contrato”, que tal como Fariña ya había dicho y ahora ratifica, “ese monto era el que debía abonarse en concepto de retorno por la adjudicación de la obra. Usualmente se pagaba a los secretarios de Estado dependientes de la cartera de De Vido”.
Creado el súper ministerio de Planificación, distribuidas en sus distintas secretarías las personas de confianza (Ricardo Jaime, José López y Roberto Baratta, entre otros), el paso siguiente fue tomar el control de la Cámara de la Construcción, entidad que agrupa a las grandes empresas contratistas. “Fue el propio De Vido quien negoció frente a la Cámara para incluirlo a Carlos Wagner como presidente”, cuenta Fariña. “Para lograrlo fue necesario modificar el estatuto, dado que en primer lugar ESUCO (la principal firma de Wagner) era una PyME, y por eso su titular no podía ser presidente. Además, las empresas tradicionales de obra pública tenían aproximadamente 6000 votos, dado que los votos son representativos de los balances. Y ESUCO tenía alrededor de 47 votos”.
Un detalle: según el ex marido de Karina Jelinek, Wagner -“antiguo empleador de De Vido en las obras del sur argentino”- “era el encargado de la recolección y la cobranza entre las distintas empresas asociadas a la CAC beneficiadas con esas obras.” Con todos en sus puestos, el saqueo de las arcas estatales podía avanzar sin problemas. “Uno de los esquemas más utilizados en la Cámara Argentina de la Construcción era subdividirse en ‘camaritas’ o ‘comisiones’. Estos sub grupos empresarios se reunían en horarios y días específicos para organizar los llamados ‘clubes’: que no era otra cosa que el armado previo de las licitaciones, estableciendo quién ‘iba al frente’, con qué precio, y quiénes comprarían pliegos para presentarse y ‘acompañar’, obviamente a precios exorbitantes, haciendo así ‘aconsejable’ adjudicarle al que iba al frente”.
“Estos sub grupos se dividían en los llamados ‘vivienderos’, los ‘viales’, ‘obras del Conurbano’, ‘obras públicas’, ‘concesiones y privatizaciones’ y ‘legales’. En ‘legales’ se desarrollaba la normativa, que luego era ‘consensuada’ con las autoridades y salía en forma de decretos”. Según Fariña, los cerebros jurídicos de estas maniobras eran la esposa de De Vido, Alessandra Minicelli, y el secretario Legal y Técnico de presidencia Carlos Zannini.
Fuente: Clarín