Concejales estarían dispuestos a revisar la llamada Cuenta de Inversión, mientras que el intendente Germán Alfaro hubiera querido que se la aprobaran sin tratar como ocurrió en 6 años de gestión de Domingo Amaya.
El intendente capitalino Germán Alfaro, seguramente extraña más que nunca los beneficios de los que gozó su antecesor y socio “alperovichista”, Domingo Amaya, a quien el Concejo Deliberante, que también él supo integrar, le aprobaba al municipio la llamada Cuenta de Inversión (CI). Ello ocurrió en los últimos seis años, pero la actual integración del órgano legislativo municipal considera que es de suma importancia que la gestión alfarista dé explicaciones en torno a los gastos en los que se incurrió durante el año del Bicentenario de la Independencia.
Desde 2010 que la CI se aprueba a libro cerrado, sin la posibilidad de debatir. Sin embargo, en esta ocasión, una importante porción de concejales sostiene que están dadas las condiciones para que se analicen y revisen los gastos en los que incurrió el Ejecutivo durante el año pasado. Quienes apoyan esta iniciativa, justamente no pertenecen al bloque oficialista sino que son los ediles que forman parte del bloque Tucumán Crece-PJ, Restauración Peronista y Fuerza Republicana (FR).
Pese a que los representantes del interbloque oficialista, liderados por el radical Agustín Romano Norri, no tienen intenciones de que sea revisada la gestión de Alfaro, la pérdida de mayoría en el Concejo Deliberante, con la ida de José María Franco, quien comanda el bloque Restauración Peronista, los lleva a un camino sin salida. Será la primera vez en años, que se controle los gastos de la gestión municipal capitalina.
Cabe recordar que la CI de 2016 ingresó el pasado 31 de mayo al Concejo Deliberante, mientras que recién llegó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto recién el 22 de junio pasado. Ello habilita a su tratamiento en una comisión que se encuentra integrada por el propio Franco, impulsor de los controles; los ediles del Acuerdo para el Bicentenario (ApB), Roberto Ávila, Raúl Pellegrini, Agustín Romano Norri; y el concejal del bloque Tucumán Crece-PJ, David Mizrahi, y que derivaría en su debate en el recinto de deliberaciones para su aprobación o rechazo.
De esa manera, la CI no tendrá ninguna chance de quedar automáticamente aprobada, porque será imposible que transcurra sin tratamiento hasta el 30 de noviembre próximo, según establecen los plazos vigentes.
Un dictamen, aunque fuera en minoría, podría poner esos números bajo la lupa de los ediles que tienen vocación de controlar a Alfaro, que son mayoría en el recinto.
Cabe destacar que la CI es un instrumento administrativo a través del cual el intendente debe justificar la manera en que utilizó el dinero público presupuestado. La problemática entorno a la rendición de cuentas comenzó cuando la ex contadora general del municipio, Patricia Beltrán, realizó en 2010 una serie de objeciones a la rendición de gastos de la CI 2009. A raíz de este hecho, Amaya la apartó del cargo, lo que luego derivó en aprobaciones automáticas por parte del Concejo Deliberante.
Como las cuentas de las municipalidades no son auditadas por el Tribunal de Cuentas, el análisis del gasto público corresponde al Concejo. Cada año, desde el municipio se elabora el informe sobre el gasto del año anterior, que debe ser analizado por la comisión de Hacienda y Presupuesto. Si no logra dictamen, el informe queda aprobado de hecho, sin tratarse durante el período de sesiones ordinarias. Así ocurrió con las Cuentas de Inversión de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. En esta oportunidad, los gastos extraordinarios del Bicentenario están en la mira.
Controles federales rechazados
Cabe señalar que en medio de esta polémica, la gestión de Alfaro evitó dar información sobre el manejo de recursos nacionales que le había exigido el Tribunal de Cuentas, en el marco de un convenio que tiene con la Sindicatura General de la Nación (SiGEN). Las acusaciones formuladas en una carta documento dirigida al Tribunal de Cuentas de la provincia derivó en una presentación judicial por parte del presidente y los vocales de ese organismo de contralor, Miguel Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal.
A ese control también se opusieron las autoridades de la municipalidad de Concepción, encabezadas por su intendente Roberto Sánchez.