En menos de un año y medio, el presidente de Bolivia, Evo Morales, enfrenta la cuarta huelga (dos de ellas de alcance nacional en 2018), de las organizaciones cívicas y opositoras que protestan contra su habilitación y la del vicepresidente Alvaro García Linera a las elecciones generales del 20 de octubre.
El Comité pro Santa Cruz encabeza las movilizaciones en el centro económico del país, que se paraliza y que asume con esa medida de presión una pérdida económica calculada en 30 a 40 millones de dólares.
La protesta de los sectores cívicos y de las fuerzas opositoras se da desde el año pasado porque Evo Morales y Alvaro García Linera insisten en postularse a una nueva reelección pese a que perdieron el referéndum del 21 de febrero de 2016, con lo que debían quedar inhabilitados.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional, primero, y el Tribunal Electoral, después, avalaron ambas candidaturas, pese a la votación adversa que impide reformar la Constitución para una nueva reelección.
Pese al rechazo de algunas organizaciones afines al Gobierno, como sectores de comerciantes y de transportistas, además de los alcaldes del MAS en las provincias cruceñas, el paro comenzó a la medianoche con bloqueos de calles por parte de ciudadanos y de las carreteras del departamento que aporta un 30 por ciento del Producto Interno Bruto de Bolivia.
Horas antes del inicio de las movilizaciones en Santa Cruz, el Consejo Nacional de la Democracia (Conalde) y dirigentes de los comités cívicos de seis de las nueve regiones del país anunciaron su respaldo a las movilizaciones cruceñas y decidieron, en una reunión realizada este lunes en La Paz, continuar luego con otro paro de alcance nacional. La fecha está pendiente y se definirá en una comisión.
Con las movilizaciones que comenzaron en la madrugada, los cívicos y los opositores a Evo Morales pretenden la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral para que, una vez que se eligan nuevas autoridades, sean éstas las que decidan la inhabilitación de las candidaturas de Evo Morales y de Alvaro García Linera para la elección del 20 de octubre.
Sin embargo, tanto el binomio oficialista como los integrantes del TSE afirmaron que no existe ninguna razón que los lleve a retroceder o a dejar sus cargos.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, propuso que su región inicie las medidas de presión y que se la aplique en forma escalonada cada semana en los otros departamentos. Sin embargo, conjuntamente con el Conalde, los cívicos decidieron convocar a un solo paro nacional, con la fecha que será definida por una comisión.