La Justicia penal emitió una sentencia excepcional: condenó al ex comisionado comunal de El Chañar, Enrique Ignacio Robles, y a su hermana y ex secretaria habilitada de la comuna, María Argelia Robles, por la comisión del delito de peculado. Sin embargo no irán a la cárcel.
La resolución acaeció en el ámbito de un juicio abreviado donde los acusados admitieron los hechos de corrupción a cambio de una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si el proceso seguía adelante, los Robles se exponían a recibir una condena de hasta 10 años de privación de la libertad y a la posibilidad de ir efectivamente a la cárcel.
Acuerdo para no ir a la cárcel
El camarista penal Pedro Roldán Vázquez convalidó el acuerdo al que habían llegado los acusados y su defensor Atilio Juárez Mercé, y el fiscal de Cámara N°1, Carlos Sale, en la audiencia celebrada el 24 de junio. A ese acto también asistió el denunciante Ramón Antonio Ablanedo, quien había pedido la investigación del ex comisionado y de su hermana en enero de 2007.
Se quedaron con fondos públicos
Otro empleado de la comuna, Juan Carlos González, refrendó la versión de Ablanedo. Hace una semana, ambos relatos adquirieron el carácter de verdad probada: los Robles se quedaron con fondos públicos y de sus colaboradores mientras gestionaron la comuna.
Este reconocimiento liso y llano consta en el acta de la audiencia que las partes rubricaron. El documento transcribe las distintas conductas delictivas atribuidas a los imputados.
Retenían dineros de empleados
En primer lugar, que los hermanos habían retenido $ 600 de los $ 750 mensuales -aproximadamente U$S 234, según la cotización de la moneda en 2007- que correspondían a Ablanedo y a González en su carácter de empleados de la comuna.
La diferencia
La diferencia entre lo que percibían y lo que debían ganar los empleados quedó expuesta a partir de averiguaciones para acceder a planes sociales. El acta de la audiencia del 24 de junio consigna que González advirtió la irregularidad al gestionar un subsidio nacional para los cosecheros del limón, ayuda que le negaron por el importe de los ingresos oficiales de la comuna.
fuente. lagaceta