El mediador judical Daniel Pollack informó que el magistrado consideró que “se cumplieron las condiciones” para que la Argentina pueda pagar tal como acordó con los holdouts y poner fin al default
El juez de Nueva York Thomas Griesa anunció que levantará entre “jueves y viernes próximo” el embargo contra la Argentina, oficializando así la salida del default en el que permaneció 14 años. El magistrado dijo que se cumplieron las condiciones para levantar los embargos contra la Argentina, informó el mediador Daniel Pollack.
A través de un comunicado, Pollack anunció que el magistrado “certificará que se cumplieron las condiciones para levantar las cautelares”.
El special master nombrado por el juez de Manhattan para mediar en las negociaciones entre la Argentina y los holdouts, señaló a través de un comunicado que el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que habilita el pago a los acreedores “es un hecho de enorme importancia para la República (Argentina), sus 40 millones de habitantes y para todo el sistema financiero mundial”.
En un comunicado difundido esta tarde, Pollack afirmó que una vez que la Argentina pague a los holdouts, se levantarán las medidas impuestas por Griesa en 2014 “que la mantuvieron aislada de los mercados financieros internacionales por años” y llevaron al incumplimiento de vencimientos de bonos reestructurados en los canjes de 2005 y 2010.
Pollack consideró que el impacto de la decisión de la Justicia de EEUU que abre las puertas para salir del default “fue inmediato y positivo” y señaló que “varios de los pocos holdouts que quedaban sin acordar se aproximaron a la Argentina y han acordado o están en activas negociaciones, incluidos un grupo de bonistas individuales que tiene aproximadamente USD 300 millones en bonos impagos y reclamos por 800 millones”.
Pollack agregó que, antes del fallo de la Corte, “no parecía probable que se pudiera alcanzar un acuerdo con ese grupo”, pero hoy “es una realidad” que “galvanizará todavía más acuerdos”.
En su orden del 2 de marzo, Griesa exigió como condición que Argentina derogase las leyes que impedían un acuerdo con los fondos querellantes que no entraron en sus canjes de deuda aceptados por 93% de los bonistas, algo que el Congreso de ese país cumplió el 31 de marzo.
En caso de que Argentina no cumpla con su compromiso de pagar a los demandantes con los que sí ha cerrado acuerdos, Griesa se reserva el derecho de volver aplicar las medidas restrictivas contra el país, recordó la Corte de Apelaciones.
Emisión de nueva deuda
El ministro de Finanzas Alfonso Prat-Gay indicó que la emisión de bonos para pagar a los acreedores se haría el lunes próximo para abonar la deuda antes del fin de semana.
Los primeros en cobrar deberían ser los fondos NML Capital y Aurelius, a los que Argentina se comprometió a abonar USD 4.653 millones el jueves 14 de abril, un plazo que venció pero que ambas partes decidieron prorrogar de manera tácita.
Según una resolución del ministerio de Hacienda argentino publicada este viernes, el Gobierno incluirá cláusulas de acción colectiva en su nueva emisión de bonos para limitar el poder de los ‘holdouts’ en futuras reestructuraciones.
Por último, la agencia de calificación financiera Moody’s mejoró la nota de la deuda soberana de Argentina de “Caa1” a “B3” por la “expectativa” de que el país resuelva los reclamos de sus acreedores y la “mejora de las políticas económicas desde que asumió la presidencia Mauricio Macri”.
La Corte de Apelaciones de Nueva York admitió el viernes que los acreedores que aún no llegaron a un acuerdo con Argentina por su deuda en default desde 2001 podrían intentar “litigar”, mientras el mediador judicial anunciaba nuevos compromisos o negociaciones activas con algunos de esos querellantes.
El miércoles, un panel de tres magistrados confirmó una orden de Griesa del 2 de marzo que levantó bajo condiciones medidas contra Argentina que les impedían pagar a bonistas que entraron en sus canjes de deuda de 2005 y 2010, así como acceder a los mercados financieros internacionales.
La decisión busca facilitar que el gobierno del presidente Mauricio Macri avance en su oferta lanzada en febrero y aceptada ya por el 90% de los demandantes ante la Justicia de Nueva York –incluidos los denominados fondos “buitres”, que no habían aprobado esas reestructuraciones, y para lo cual desembolsará unos 8.250 millones de dólares.
“Ahora que Argentina ha hecho importantes esfuerzos, aparentemente de buena fe, para resolver esta disputa de largo plazo, estamos de acuerdo en que el juez de primera instancia no abusó de su discreción al concluir que las órdenes han servido a sus propósitos”, dijo la Corte de Apelaciones en un escrito de 21 páginas.
Respecto de los acreedores que no llegaron a un acuerdo, el panel asegura que la decisión de Griesa no los obliga a aceptar la oferta argentina y que “son libres de seguir negociando sin una orden y pueden dar pasos, incluyendo quizás litigar, para proteger sus derechos”.