Desde la secretaria de Movilidad Urbana, informaron que sancionarán a las líneas de colectivos que incumplan con las frecuencias establecidas. Concejales opositores un proyecto de declaración de emergencia más amplia para el transporte.
Este miércoles los dueños de las empresas de colectivos de Tucumán pusieron en marcha la drástica medida anunciada el pasado lunes: reducir las frecuencias de las líneas que circulan por la Capital, llevándola a la de los días domingos.
Por esta razón, desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán avisaron que realizaran controles para garantizar el normal servicio y aplicarán sanciones a las empresas.
Medida arbitraria
El secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, dijo que la decisión de los empresarios de restringir el servicio con el argumento de que no les alcanzan los ingresos para cubrir los costos operativos “es una medida unilateral, arbitraria y extorsiva”.
Dijo que el Municipio “no tolerará esta amenaza y se van a tomar las medidas conducentes para evitarlo”. En este sentido, anunció que “se ha dispuesto que todo el personal de la Dirección de Transporte del Municipio saldrá a las calles para garantizar el cumplimiento de las frecuencias y en caso de que no se cumpla se establecerán las sanciones correspondientes”.
Además, dijo que “es llamativo que AETAT adopte esta medida solamente en el ámbito de la Capital y no así en el resto de la provincia, donde también brindan el servicio de ómnibus”.
Que brinden un buen servicio
Además, dijo que “el Municipio de San Miguel de Tucumán está haciendo grandes esfuerzos para que el servicio se brinde como corresponde a los vecinos, con un Plan Integral de Movilidad Urbana que les brinda a los empresarios calles en condiciones y carriles exclusivos de circulación que les permitieron mejorar las frecuencias y ahorrar combustible”.
Nieva advirtió que “esta medida coercitiva y extorsionadora adoptada solamente en el Municipio de San Miguel de Tucumán no va a ser tolerada ni aceptada, porque se debe garantizar el servicio para los vecinos”.
A continuación, reiteró que la Municipalidad enviará al Concejo Deliberante los pliegos licitatorios para cada una de las líneas de ómnibus urbanas que hoy están caducas y cuentan con un permiso precario a raíz de un decreto dispuesto por la anterior gestión en la Capital. “Se busca mejorar el servicio, para que sea más eficiente, de calidad, con unidades que respeten las frecuencias, las paradas, con unidades en condiciones, con sus GPS encendidos para que el Municipio pueda hacerles un seguimiento”, explicó.
Proyecto de ordenanza
El bloque opositor del Concejo Deliberante elaboró un proyecto de declaración de emergencia para el transporte, más amplio que el que había presentado el Ejecutivo municipal. Y, por el otro, se busca analizar el incremento tarifario que pide la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).
El proyecto de ordenanza confiere a la intendenta, Rossana Chahla, una serie de obligaciones y facultades durante un año para sanear el servicio con medidas urgentes. Se pide que se presenten los pliegos de licitación de las 14 líneas urbanas en un plazo máximo de 10 días hábiles y se establece la conformación de una mesa de seguimiento.
El Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) deberá, en el marco de dicha declaración, llevar adelante normas que aseguren la mejora actual del servicio, la defensa de los derechos de los usuarios y el seguimiento y resolución de denuncias. En aquellos puntos, el proyecto opositor contempla la creación de una oficina para reclamos que deberán ser atendidos en no más de dos semanas.
Respetar los horarios
En este sentido, se pide que se garantice la cobertura total del servicio según horarios, frecuencias y normas de higiene y seguridad vigentes. Y se exige el cumplimiento de la verificación técnica vehicular de cada coche y la cobertura del seguro obligatorio establecido por ley. La intendencia podría incluir otros ítems que le resultaran pertinentes.
Por su parte, el grupo supervisor de la ejecución de la emergencia estaría integrado por dos representantes del Ejecutivo, un miembro de la comisión de Transporte, dos empresarios y un gremialista del sector. También participaría el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, y se podría convocar a entidades intermedias.
El equipo de inspección existirá durante el plazo que dure la emergencia y, una vez concluidas sus tareas, deberá elaborar un informe que será remitido al Concejo para su conocimiento. La propuesta lleva la firma de los radicales José María Canelada, Gustavo Cobos, Leandro Argañaraz y Federico Romano Norri; de los representantes de Fuerza Republicana Ramiro Ortega y Alfredo Terán; y de los alfaristas Carlos Ale y Ana González. No participaron de esta iniciativa Carlos Arnedo (Acción Vecinal) ni Gastón Gómez (Libres del Sur).
fuente. eltucumano