Son los planos de las tres plantas potabilizadoras de agua que abastecen a Capital y Gran Buenos Aires. La Gendarmería Nacional alertó sobre la presunta entrega por parte de un ex prefecto argentino a compradores terroristas libaneses y por eso el gobierno argentino se encuentra en plena etapa de investigación antes de que se cometa una catástrofe en nuestro país donde viven más de 350 mil judíos y donde ya produjeron dos atentados con la voladura de la Embajada de Israel y la Mutual judía AMIA.
El fantasma de una posible amenaza terrorista persiste en entorpecer los pasos con que el gobierno busca alejarlo. Mientras multiplica las alertas, los operativos de inteligencia y rastreo, y los simulacros ante eventuales ataques, el ministerio de Seguridad corre detrás de cada sospecha y de cada rumor.
La última versión que analiza la ministra Patricia Bullrich: hace dos meses, por encargo de un supuesto grupo de libaneses, un ex prefecto con antecedentes penales habría obtenido y vendido los planos de las tres plantas potabilizadoras de agua que abastecen a la Capital y el Gran Buenos Aires.
Primero, lo esencial: soslayar cualquier dato respecto a un posible interés terrorista en objetivos argentinos sería un enorme error que el gobierno no podría permitirse. Sembrar el pánico o buscar un rédito político de esas versiones, una locura. En medio de esas dos resbalosas banquinas, la información dice que hace casi un mes, el 30 de agosto, ciudadanos libaneses habrían contactado en Puerto Iguazú a Juan Carlos Bassi, un ex prefecto que fue investigado por traficar pistolas y ametralladoras a Brasil y abastecer de armas a sus familiares de Rosario, en su guerra contra los Cantero, otro clan local que dirige la organización narco “Los Monos”. Por el control territorial del tráfico de drogas, ambas bandas convirtieron a esa bella ciudad en un matadero.
Juan Carlos Bassi, supuesto dueño de la armería Shooters de Puerto Iguazu, es una figurita conocida para las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia de Argentina, Brasil y Paraguay. Otro jalón en su foja de servicios justifica las miradas torvas sobre él. En 2003, el ex ministro de Seguridad de Néstor Kirchner, Gustavo Béliz, involucró a Bassi en la causa por el atentado terrorista a la AMIA, en 1994. ¿Cuál habría sido aquella vinculación? Según declaró entonces el ex funcionario basándose en la declaración de un testigo protegido, “el suministro de los explosivos para el ataque”. Bassi respondió con una desmentida y una denuncia penal.
Pero aquellos antecedentes y las sospechas que arrastra desde hace dos décadas lo convirtieron en un objeto permanente de vigilancia, a veces más discreta que otras. Un informante habría alertado a la Gendarmería que Bassi habría vendido los planos de las plantas potabilizadoras de agua que se encuentran en Tigre, Bernal y la Capital Federal (sobre la avenida Figueroa Alcorta) a un grupo de libaneses interesados en esos papeles estratégicos. Un dato que no es menor: el primer alerta lo habrían dado los servicios de inteligencia paraguayos.
Fuente: Clarín