Como ocurre todos los años, el Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de Hacienda, firmaron la norma que distribuye el Presupuesto del nuevo ejercicio. Pero ahora, en la DA 12, que contiene 7 folios con los criterios adoptados y 3 anexos que en conjunto contienen 5.240 páginas, incluye como novedad la instrumentación de un censo de empleados en el seno del Poder Ejecutivo Nacional al 31 de diciembre de 2016, con los cargos permanentes y contratados, y las limitaciones para incrementarla.
Recuerda la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública que “según lo previsto por la Ley Nº 27.341 de Presupuesto 2017, los gastos corrientes y de capital para el presente ejercicio fueron fijados en la suma de $2,36 billones, en tanto que el cálculo de recursos corrientes y de capital fue estimado en un total de $1,88 billones, resultando como consecuencia la estimación de un déficit financiero de $480.801 millones”, equivalente a 5,3 puntos del PBI.
Pero la norma de marras dispuso que “las Jurisdicciones y Entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional deberán remitir al Ministerio de Modernización dentro de los próximos 30 días, el detalle de los cargos ocupados correspondientes a sus plantas de personal permanente y temporario existentes al 31 de diciembre de 2016. Con posterioridad se procederá a distribuir los cargos que se encuentren actualmente ocupados y horas de cátedra; el resto, hasta alcanzar el número total de cargos fijados en el Artículo 6° de la Ley Nº 27.341, se reservarán en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Además, la norma estableció que la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, “previa intervención de la Jefatura de Gabinete de Ministros, podrá modificar la mencionada distribución de cargos”.
Mientras que en el artículo noveno dispuso que “las Jurisdicciones y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional no podrán efectuar contrataciones (…) que superen la cantidad existente al 31 de diciembre de 2016″, aunque la Secretaría de Modernización podrá modificar dicha distribución.
De este modo, el ministro Nicolás Dujovne comenzó a poner en blanco sobre negro cual va a ser el norte de su política fiscal: fortalecer la fiscalización para que disminuya la economía informal y poner límite a la expansión del gasto público que no esté vinculado con el plan de obras de infraestructuras y ajustes automáticos de salarios, jubilaciones y transferencias a provincias.
En esa línea, decidió hacer una rueda de relacionamiento mano a mano con los ministros de las diferentes áreas, comenzando por la económica, para programar el plan que aspira a un estado más chico y más eficiente. Hoy fue el turno de Producción, Francisco Cabrera, “para coordinar políticas económicas en conjunto y definir lineamientos de trabajo entre los equipos de ambos ministerios”.
Adicionalmente, cuenta como refuerzo el aporte que hará la adhesión del blanqueo de capitales, que ya aportó más de $100.000 millones en los últimos cuatro meses de 2016 y posibilitó superar la meta de déficit fiscal primario de 4,8% del PBI, como de la moratoria y régimen especial de facilidades de pagos, por el que percibió más de $7.000 millones, pero en ambos casos se prevé sumar hasta el vencimiento el próximo 31 de marzo.