Por primera vez, la Justicia procesó a Hebe de Bonafini en una causa por corrupción. Hasta el 2013, Oyarbide había evitado meterse con un símbolo de la lucha contra la dictadura.
El juez Martínez Di Giorgi se tomó su tiempo, sufrió humillaciones públicas pero finalmente avanzó sobre el desvío de 206 millones de pesos que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner le dieron a las Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales. Y lo hizo tanto con Sergio Shoklender -el cerebro de toda la operación-, como con Hebe Bonafini -un símbolo de la lucha contra la dictadura por los derechos humanos- y sobre todo los financistas que cambiaron los cheques oficiales en la maniobra.
En agosto del año pasado, Martínez Di Giorgi con buen tino evitó obligar a Bonafini a concurrir por la fuerza a tribunales a declarar como imputada, evitando un choque entre militantes K y la policía y sufrió todo tipo de críticas. Di Giorgi finalmente indagó a Bonafini semanas más tarde y sin conflictos porque como presidenta de la fundación avaló todas las decisiones de Shoklender, a quien había adoptado casi como un hijo luego de que el parricida salió de la cárcel y nombrado al frente de la histórica fundación.
En la resolución de hoy, el juez la consideró a Hebe partícipe necesaria del fraude al estado, luego de casi cuatro años de haber heredado la causa. Sucede que este sensible tema lo investigó el polémico ex juez Norberto Oyarbide hasta el 2013. Bajo las presiones de los K, Oyarbide había evitado meterse con Bonafini y su hija María Alejandra, incluso con los financistas José Fernando Caparrós Gómez, quien le vendió Meldorec con aviones y una Ferrari incluidos a Shocklender, y Guillermo Greppi, investigado por haber conseguido que Oyarbide le parara un allanamiento a su financiera Propyme. Ambos cambiaron decenas de cheques del ministerio de Planificación por efectivo a Shocklender que luego terminaron evaporándose en una red de empresas y gastos sin facturar.
Por su parte, Shocklender había vendido en forma irregular un departamento de unos 120 mil dólares a la hija de Hebe, que fue apoderado de la fundación que los K salieron a salvar luego del escándalo por la deficiente administración que había tenido.
En el 2013, la cámara federal aportó a Oyarbide del caso anuló los procesamientos que había dispuesto. Martínez Di Giorgi se quedó entonces con la causa que hoy tomó un giro, aunque a De Vido solo le haya dado falta de mérito.