Por Manuel Ernesto Rivas. Ni siquiera quienes trabajan con los poderosos tienen garantizada la seguridad en nuestra provincia. El sargento Juan Domingo Andina (43), quien se desempeñaba como custodio del senador nacional José Alperovich, es uno de los ejemplos más claros de que la inseguridad puede castigar a cualquiera de los tucumanos.
Los fríos números de la estadística siguen sumando homicidios y heridos en ocasión de robo en lo que va de este año, y al que le quedan aún dos largos meses para engrosar los hechos que responden a estas características. Sin embargo, en estos días también se conoció que Andina era un hombre de buen carácter, divertido y a quien le gustaba cantar. Se trataba de una persona que influía positivamente en aquellos que tenían la suerte de tratarlo. Es por ello que su muerte, además de romper con la fría estadística de ser tratada la víctima como un número, genera una sensación de que a cualquiera de nosotros nos puede suceder.
Pocas esperanzas nos queda al resto de la sociedad tucumana si se observa que un personal policial, preparado para estas contingencias, es ejecutado en plena calle para ser robado. El ensañamiento de los tres disparos mortales nos habla de una impunidad que es difícil de revertir, y más cuando quienes tienen la responsabilidad de hacerlo vienen de una larga gestión que tuvo doce años para brindar una solución.
La política de seguridad está en manos del ministro de Gobierno, Regino Amado y, específicamente, bajo la responsabilidad del secretario del área, Paul Hofer. Ambos son hombres surgidos e impulsados por el “alperovichismo”. Amado cumplió una función legislativa, entre otras; mientras que Hofer fue titular del ex Ministerio de Seguridad, con el que el ex mandatario y actual senador nacional pretendía desterrar el flagelo de la inseguridad. No fueron más que buenas intenciones, o si se quiere, promesas vanas que quedaron flotando en el ambiente, como un eco que se iba apagando de a poco en el palacio de Gobierno de San Martín y 25 de Mayo. La inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas y una de las mayores aflicciones de los tucumanos. Prueba de ello es el crecimiento electoral de Ricardo Bussi -sin entrar en detalles sobre la traición perpetrada por Alperovich contra el justicialismo-. Con sólo la promesa de sacar el Ejército a las calles y de impulsar la reactivación del Servicio Militar Obligatorio (SMO), el hijo del fallecido represor y ex gobernador tucumano, pudo alcanzar un interesante apoyo del electorado provincial.
¿Quién puede dudar del fracaso de la dupla Amado-Hofer? Sólo aquellos paladares negros del alperovichismo que tratan de no perder terreno ni influencia en la gestión del actual gobernador Juan Manzur. El mandatario recibió una pesada herencia de parte de su antecesor, al punto que tiene que tragarse la responsabilidad de un fracaso que no es suyo. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos, y de las prioridades que tienen los tucumanos, habrá que analizar la situación y la posibilidad de redireccionar las estrategias y las armas con las que se quiere enfrentar a este gran dolor de cabeza que es la inseguridad.
Hay que hacerlo en la certeza de que nadie se encuentra a salvo en las calles tucumanas, ni un joven y preparado policía provincial, ni un niño que acompaña a su abuelo en una moto. Tampoco las mujeres que llevan sus carteras, o aquellos que, por casualidad, muestran sus celulares a la rapiña de los arrebatadores, que están a la espera de cualquier posibilidad de apropiarse de lo ajeno, aún a costa de tener que quitar la vida.
Los homicidios en ocasión de robo debieran ser una de las principales preocupaciones de los funcionarios del área específica del Gobierno provincial, quienes no acertaron ni aciertan a neutralizar a los llamados “motoarrebatadores”. Los delincuentes tienen estudiada esa modalidad y la aplican a destajo, mientras que los funcionarios de Seguridad, quienes dicen estar preparados para el cargo, no pueden resolver el problema.
Al fracaso de Amado y Hofer debemos sumarle la continuidad de las autoridades policiales que estaban en el final de gestión de Alperovich. Sí, los mismos que dieron la orden de reprimir a una protesta horas después del acto eleccionario de 2015. Con esa mancha y esa pesada herencia carga el actual Gobernador, quien se sacó la espina de las denuncias de fraude electoral, pero se ve condicionado para eliminar la inseguridad de estas comarcas.