El control abarca el período 1996-2016 y lo hará Analía Romero, la auditora designada para atender la jurisdicción de Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.
Jueces federales con asiento en Tucumán afrontarán en breve una auditoría sobre causas de presunta corrupción iniciadas desde el 1 de enero de 1996 que dispuso el Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) a partir de un pedido del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. La fiscalización que en principio comprendía sólo a los Tribunales Federales de Comodoro Py, se extendió, por una decisión del Consejo de la Magistratura, a todas las sedes del fuero federal del país.
En Tucumñan abarca a los nueve magistrados en funciones en la provincia: Daniel Bejas (N°1) y Fernando Luis Poviña (N°2); a los camaristas Ernesto Wayar, Raúl Mender, Ricardo Sanjuán y Marina Cossio, y a los vocales del Tribunal Oral en lo Criminal Federal: Gabriel Casas, Alicia Noli y Carlos Enrique Jiménez Montilla.
La fiscalización como mínimo confeccionará un inventario sobre posibles casos de corrupción de interés institucional, intentar detectar “cajoneos” de causas, hacer dormir expediente para brindar protección a funcionarios públicos denunciado para favorecerlos o extorsionarlos.
La auditora requirió a los jueces tucumanos información sobre las causas por presunta corrupción: fecha de inicio; fecha y modo de culminación; plazo promedio de tramitación, etcétera. Con respecto a los procesos activos, los magistrados han de especificar, entre otros datos, fecha de las citaciones a indagatoria y de los procesamientos, si los hubiere; fecha y cantidad de fallos de falta de mérito, sobreseimientos y prescripciones, y el tiempo en el que el expediente se encontró radicado en el tribunal de alzada durante el trámite de los recursos.
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