De la misma manera en que el gobierno nacional determinó ajustes en la remisión de dineros para las administraciones provinciales, los mandatarios de cada distrito se ven obligados a imponer el recorte dentro de sus territorios, multiplicando el alcance de la tijera por el número de municipios en que se subdivide su jurisdicción y afectando, en especial a la obra pública.
Osvaldo Jaldo, ya adelantó que, durante el primer semestre, su gobierno ejecutará el “Acuerdo Fiscal Municipal”, una nueva versión del anterior Pacto Social que se aplicó durante los 24 años precedentes
En en nuevo escenario financiero que impone la nación, el Ejecutivo tucumano tendrá a su disposición una suma de casi $ 6.700 millones mensuales para aplicar el nuevo esquema, al que espera que se sumen la gran mayoría de las administraciones municipales.
“Queremos llevar tranquilidad a los intendentes porque el gobierno provincial va a estar a la par de ellos en esta situación que estamos atravesando por eso estamos dialogando para hacerles conocer los pormenores del Acuerdo Fiscal Municipal (AFM)”, sostuvo el ministro del Interior, Darío Monteros que, en los próximos días dispondrá de los acuerdos que serán individuales.
Reducción del 20%
El Acuerdo Fiscal Municipal tiene parecidos con los que fueron los convenios del Consenso Fiscal que la Nación habilitó para las provincias. Además de una reducción de entre un 12 y un 20 por ciento del gasto en las intendencias, la Provincia pone a disposición de esas gestiones toda la información tributaria que requieran para mejorar la recaudación propia.
Si alcanzan esa meta, esos recursos les servirán a los intendentes para encarar obras. Al igual que en los otros pactos, el Ejecutivo retendrá fondos de coparticipación (nacional y provincial) y el Fondo para el Desarrollo del Interior (FDI), con los que se reintegrarán en el largo plazo los recursos que la Provincia dispondrá para abonar los sueldos a los obreros del interior.
Pago de sueldos de los trabajadores
“Ante la coyuntura que vivimos y en el contexto nacional que limita a todos crecer en materia de infraestructura este nuevo Acuerdo Fiscal con los Municipios habla del trabajo mancomunado entre el Gobierno provincial a través del Ministerio del Interior y los Municipios pero sobre todo agradecer la sensibilidad del Gobernador de asegurar el sueldo de los trabajadores municipales y brindar los servicios básicos”, afirmó el intendente de Monteros, Francisco Serra.
“Esto proporciona tranquilidad a la planta permanente del municipio y a los proveedores, permitiendo mantener los servicios para los residentes y visitantes en un municipio turístico”, expuso por su parte Francisco Caliva, jefe municipal de Tafí del Valle.
Paula Quiles, intendenta de Bella Vista, consideró que “estamos acostumbrados a administrar los recursos con austeridad. De todos modos somos conscientes de la situación del país y hemos disminuido la planta de funcionarios. Además estamos ejecutando un plan para la optimización de los gastos e ir en la misma sintonía que el Gobierno nacional y provincial; siempre en busca del equilibrio fiscal”. La jefa municipal espera interiorizarse acerca de los detalles del nuevo acuerdo que trata de preservar la paz social en el interior. Quiles tildó como “positivo” el convenio que se firmará con Rentas para “ser más eficientes en la recaudación de las tasas municipales”.
Sistema de coparticipación obsoleto
Finalmente, se refirió al “auxilio financiero”, aclarando que este “deviene del déficit, causado por el obsoleto sistema de coparticipación que rige hace más de 30 años y es utilizado de manera discrecional durante los mandatos y acrecentada en períodos electorales”. “El mecanismo de coparticipación está agotado y urge que, durante el período legislativo 2024, se sancione una nueva ley que contemple la descentralización de servicios y la distribución equitativa de los recursos”, abogó.
En tanto, Pablo Macchiarola, intendente de Yerba Buena, dijo que el nuevo pacto fiscal es parecido al anterior, ya que se trata de “ceder la coparticipación para asegurar la paz social y otro tipo de gastos”. Lejos de mostrar disconformidad, calificó a los nuevos lineamientos como “adecuados para regir durante los próximos seis meses”. Sin embargo, dejó en claro que, desde la oposición, seguirán luchando para concretar la reforma de la ley de coparticipación, la cual es considerada por los intendentes radicales como “la solución de fondo” para el problema de la “inequidad y discrecionalidad”.
Lo justo y necesario
En lo que hace a la reducción de gastos, el radical enfatizó que su municipio viene ejecutando una gestión medida donde no se eroga más que lo estrictamente necesario. “Nuestra planta permanente decreció. Ya venimos disminuyendo el gasto y optimizando los recursos; aun así vamos a buscar ajustar un tanto más por la situación, pero siempre dentro de nuestras posibilidades”, concluyó.